Leyes escritas y aprobadas en ejercicio de la democracia definen la acción institucional de protección de derechos.

El éxito en la gestión de la seguridad ciudadana está determinado por el entendimiento de los tiempos.

El regreso del debate público sobre el deterioro de la seguridad es una oportunidad para ocuparse del proceso de ordenamiento criminal.

Las capacidades policiales para proteger áreas rurales y de reserva natural son un activo estratégico para la seguridad.

Desmantelar la institucionalidad de seguridad en un contexto de violencia y deterioro representa un inmenso riesgo