La intención de indultar y liberar miembros de la Primera Línea –presos por la comisión de delitos– revictimiza a los bogotanos que cumplen la Ley y promete un futuro de vandalismo y violencia.
Desde 2019 se han desarrollado en Bogotá novedosas estructuras de vandalismo, violencia y delito que amenazan la integridad y los derechos de los ciudadanos. Estas se camuflan tras el escudo del descontento, asociadas con organizaciones políticas y criminales interesadas en la dominación social, política y económica de las localidades.
Prueba de esto es su relación directa con la destrucción de bienes públicos y privados, violencia contra servidores públicos, violencia sexual, extorsión, microtráfico, desplazamiento forzado, tortura, la decapitación de un motociclista, entre otros.
El trámite del marco jurídico para la Paz Total ha evidenciado un interés superior del Presidente de la República por dar libertad e indultar a las personas judicializadas por estos delitos, bajo el argumento de que su encarcelamiento es el castigo por haber ejercido el derecho constitucional a la protesta.
Al respecto, el Senador Ariel Ávila –ponente de la Paz Total– sugirió a El Espectador que dicha intención busca la resolución pacífica de controversias y que su uso atendería conflictos pendientes relacionados con la garantía del derecho ciudadano a protestar. Sin embargo, esto es casi imposible de cumplir.
La Corte Constitucional (C-179/94) indica taxativamente que el Congreso es el único habilitado para otorgar un indulto. El indulto es definido por ésta como un ejercicio político –no judicial– de perdón de delitos políticos y conexos por graves motivos de conveniencia pública (Art 150, CN), razón por la cual considera que el único capaz de representar ese sentimiento nacional es el Congreso de la República a través de una decisión mayoritaria que logre “interpretar la voluntad de la nación”.
Por otro lado, en lo que tiene que ver con la liberación de los condenados bajo la figura de gestores de paz, el desarrollo jurídico y constitucional sobre estos temas presupone la caracterización y reconocimiento de la Primera Línea como grupo armado ilegal, la aceptación de delitos y una solicitud expresa de perdón frente a estos.
En el caso del indulto, exige que se aplique sobre sentencias ejecutoriadas, bajo la aceptación de la pertenencia a un grupo armado ilegal, una promesa de desmovilización y un compromiso de no repetición.
Siendo claros, la única forma de usar legalmente estas herramientas es aceptando que la Primera Línea es un grupo armado ilegal estructurado para desestabilizar el país, dejando sin piso el argumento de que sus miembros están procesados por ejercer el derecho a la protesta y evidenciando su incidencia en el proceso electoral de 2022.
El Ministro del Interior ha señalado que no es necesario el indulto para cumplir los compromisos con la Primera Línea y anunció que la Ley de Sometimiento a la Justicia tendría las herramientas necesarias para hacerlo.
Sin embargo, esta opción también obligaría al gobierno a reconocer esa organización como criminal y descartar el delito político, una condición necesaria para el indulto. Otro muro que impediría honrar el compromiso adquirido por el gobierno con los delincuentes.
Este enredo jurídico y político exaspera figuras del Congreso y el gobierno como el Senador Gustavo Bolívar y la Consejera de juventud Gabriela Posso, quienes hacen malabares entre categorías jurídicas que eliminan el carácter espontáneo de esa organización y obligan al reconocimiento del uso de la violencia y vandalismo como herramientas políticas y electorales.
La atención de las demandas de la Primera Línea no da espera a la estructuración de una salida confiable a este rompecabezas. Para el gobierno, esto es fundamental con miras a sostener el apoyo de esa organización en la “movilización popular” cuando sea necesaria.
Tal vez esa sea la razón para que se haya empezado a experimentar un modelo de indulto por “vía gubernativa”, que en la última semana ha dado lugar a la liberación -antes de judicialización- de responsables de vandalismo, violencia y agresión a servidor público. Una especie de perdones de facto, para no tener que enfrentar la maraña político-judicial.
El primero, por decisión de operadores judiciales que renunciaron a avanzar en la judicialización de agresores que consideraron “no representaban un peligro para la sociedad”, incluso habiendo ejercido violencia extrema contra una mujer policía.
El segundo, liderado por el Viceministro del Interior, quien puso contra la pared a un dispositivo policial en ejercicio legítimo de sus funciones y relevó de facto al gobierno distrital en sus funciones para presionar la liberación de detenidos, uno de ellos con cuatro procesos penales según lo informó el mismo Director de la Policía Nacional.
Este último resultó ser un episodio tan ilegítimo que la mayoría de los funcionarios policiales documentaron en video el segundo a segundo de la obstrucción convertida en liberación, en un ejercicio lógico de protección jurídica y profesional.
Los miembros de la Primera Línea no están presos por el ejercicio del derecho a la protesta, su condición es el resultado del debido proceso verificado por un juez de garantías.
Disfrazar a delincuentes de víctimas del Estado y devolverlos a las calles empoderados se convertirá en uno de los factores de inestabilidad más críticos para el gobierno nacional y distrital.
