El apuñalamiento y asesinato de Juan Esteban Álzate Ceballos (15 años) en una riña callejera el fin de semana pasado, marca el último hecho relevante de violencia contra menores de edad en Bogotá. Comprender y desactivar los riesgos que hoy amenazan a niños, niñas y adolescentes contribuye a la construcción de una sociedad libre de violencia y crimen en el futuro.
El apuñalamiento y asesinato de Juan Esteban Álzate Ceballos (15 años) en una riña callejera el fin de semana pasado, marca el último hecho relevante de violencia contra menores de edad en Bogotá. Lastimosamente, este no es un hecho aislado. Menores de edad y jóvenes recién entrados en la adultez son víctimas de delitos y violencia todos los días.
De acuerdo con los registros de la Policía Nacional en Bogotá, durante el periodo enero-septiembre 2022 se reportaron 6.677 casos de jóvenes (15-29 años) víctimas de lesiones personales, que son el 39% del total de registros. Respecto a homicidios, en los primeros 9 meses del año han sido asesinadas 309 personas en este rango de edad, que representan el 42% del total de los registros de este delito hasta septiembre.
Por su parte, en este mismo periodo la violencia intrafamiliar registró 6.014 casos cuyas víctimas fueron personas entre 15 y 29 años, siendo los menores de edad los de mayor victimización documentada y la población sobre la cual aumenta más la afectación. En delitos sexuales se registraron 1.295 casos, siendo la población entre 15 y 19 años la más afectada, con 774 casos reportados.
Las cifras permiten ver que las lesiones personales, la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales son algunos de los mayores factores de riesgo que enfrentan los adolescentes. A su vez, que los jóvenes son afectados por hurtos a personas, hurto de celulares y lesiones personales.
La violencia y el crimen no solo victimizan a esta población, también son comportamientos que los convierten en victimarios. Aunque los menores de edad envueltos en comportamientos criminales o violentos son sujetos de restitución de derechos, no es menos cierto que dicho reconocimiento no resuelve el daño que su comportamiento genera en la sociedad y las personas directamente afectadas por sus acciones.
En los primeros 8 meses del año 656 menores de edad entre 14 y 17 años fueron aprehendidos en Bogotá por hurto a personas (348), lesiones personales (68) y delitos relacionados con estupefacientes (58). Asimismo, 9.813 jóvenes entre 18 y 28 años fueron capturados por hurto a personas (2.764), estupefacientes (2.319) y una mezcla de fraude, asociación para delinquir y violencia contra servidor público (1.347).
Dar una mirada al crimen y la violencia en la que se ven involucrados adolescentes y jóvenes desde ambas perspectivas resulta un ejercicio necesario para la estructuración de una ruta que permita recuperar ciudadanías en riesgo en el presente y formar ciudadanos respetuosos de su comunidad y la ley en el futuro.
En ese sentido, una mirada a hechos victimizantes y contra le ley ofrece una perspectiva preocupante en la que los disparadores del riesgo ocurren en entornos familiares y escolares. Ya lo señalaba la encuesta mundial de valores en su séptima ronda en 2019: el hogar es uno de los lugares donde los colombianos se sienten más inseguros.
Esto lo confirma la revisión de más de 20 estudios criminológicos y de psicología clínica a nivel global desde la década de los noventa, en la que se evidencia el peso que tienen violencia sexual, abuso físico y psicológico en la estructuración de personalidades adultas con rasgos violentos y criminales.
Así las cosas, el crecimiento exponencial de registros sobre estos comportamientos en los últimos 5 años prende las alarmas sobre el futuro violento que estamos construyendo. Un escenario evitable si la justicia y la sociedad intensifican la restauración de los derechos de víctimas juveniles y cierran espacios para la victimización de niños y adolescentes.
También se ha encontrado que los comportamientos adultos criminales y violentos son resultado del consumo temprano de sustancias sicoactivas, la desatención parental, la desocupación y la desescolarización, así como el bajo rendimiento académico y el sentimiento de fracaso frente a un proyecto de vida, fuertemente alimentado por una brecha de confianza entre jóvenes y adultos. Punto aparte para la instrumentalización criminal y el reclutamiento forzoso.
La atención de estos factores usualmente se hace con herramientas dirigidas a calmar la “rabia” juvenil, muchas veces entendida como una condición natural adolescente. No obstante, la criminología ofrece evidencia suficiente sobre los factores causantes de dicha rabia, los cuales subyacen a la violencia, el abandono, la falta de guía y proyecto de vida, deficiencias en salud pública y un sentido de responsabilidad no inculcado.
El Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han delineado políticas públicas para la atención de este desafío. Lastimosamente, la coordinación brilla por su ausencia y no se logra integrar en un frente común a las escuelas y familia.
Asimismo, los sistemas de información siguen siendo débiles, las campañas de comunicación no crean compromiso, las transferencias monetarias son espejismos que no atienden la raíz del problema, no hay recursos para la investigación fenomenológica y los programas de apoyo son de corto aliento.
La seguridad del futuro depende del aporte de todos los ciudadanos a proteger a los niños y adolescentes, a integrar a jóvenes necesitados de una oportunidad. También de un tratamiento científico y sostenido del problema por parte de las instituciones.
De no hacerlo, la inseguridad del futuro será el costo para pagar por dar la espalda a una crisis que se incuba desde adentro de los hogares.
