La alcaldesa López se enfrenta al desafío de garantizar que la “paz total” no se convierta en un riesgo a la seguridad de sus ciudadanos y la estabilidad de la ciudad.
Uno de los temas de más temprana aparición en la agenda del nuevo gobierno es la “Paz Total”, una estrategia que busca hacer pactos masivos, paralelos y descentralizados con organizaciones al margen de la ley para borrar del mapa nacional al crimen y la violencia.
Voceros del gobierno y de su coalición parlamentaria ya anunciaron el inicio de contactos con interlocutores interesados en activar mesas de conversación para avanzar hacia acuerdos humanitarios, ceses al fuego y acuerdos de paz en el menor tiempo posible.
Entre sus interlocutores están grupos armados que aún desafían la Constitución, la ley y las instituciones, aquellos disidentes y removilizados que despreciaron la opción de La Habana, así como grupos criminales que estén interesados en arreglos “sociales y jurídicos”.
Esta estrategia plantea acciones novedosas. Se implementarán acuerdos a medida que avanza la negociación y no como resultado de esta. Además, los alcaldes podrían ser delegados a negociaciones con facciones u organizaciones locales.
También se ha dicho que los acuerdos serán vehículos para la definición de políticas públicas en todos los órdenes. Es decir, que la inversión y el esfuerzo estatal será influido determinantemente por estos, dado que “Paz Total” es considerada como la llave para la superación de los factores motores de la violencia y el crimen.
Si bien lo anterior define el marco general de la apuesta por la paz, es el desarrollo minucioso de los ejes centrales de estos procesos –legitimidad, reglas, seguridad y estado final deseado– lo que dejará saber qué tan cerca estará el gobierno de acabar el crimen y la violencia a partir de una negociación masiva y descentralizada. Como dice la sabiduría popular: el diablo está en los detalles.
Así las cosas, todas las actuaciones del orden nacional en relación con la “Paz Total” se convierten en un asunto crítico para la Alcaldía Mayor de Bogotá, dado que su planteamiento general anuncia desafíos considerables en términos de seguridad, gobierno local y estabilidad.
El ELN es uno de los riesgos más conocidos. Esta organización tradicionalmente acude a actos indiscriminados y de alto impacto para fortalecer sus posiciones en una mesa de negociación. En efecto, ya reapareció el MRP, una estructura paralela que ejecuta terrorismo para esa organización.
