La renuncia de MinDefensa a 800 mil millones de su presupuesto aumenta el riesgo de que el gobierno nacional no le cumpla a Bogotá los compromisos adquiridos en la Cumbre de Seguridad.
Tres semanas después de la inauguración del nuevo gobierno nacional, el Presidente de la República y la Alcaldesa Mayor de Bogotá sostuvieron una cumbre con el objetivo de definir una agenda común de trabajo en seguridad relacionada con tres frentes específicos: vigilancia, lucha contra el crimen y mejoramiento del contexto de ciudad.
Los mandatarios anunciaron el refuerzo de capacidades y del personal de seguridad y justicia, así como una nueva visión para el debilitamiento del multicrimen y una mayor protección a los bogotanos, basada en el control de corredores de movilidad y de áreas de alta concentración ciudadana.
Para eso se definió la asignación de 3.000 policías adicionales en dos años, una unidad especializada contra el narcotráfico, más capacidades carcelarias, así como el aumento de agentes de inteligencia, investigadores criminales y operadores judiciales. Para mejorar el contexto de ciudad se anunciaron programas dirigidos a mujeres, jóvenes, mejoramiento urbano y el sistema de cuidado.
Lo anunciado exige un esfuerzo financiero, logístico y operacional intensivo e inmediato para obtener resultados en el mediano plazo. Por tal razón, llama la atención que apenas quince días después el Ministro de Defensa Nacional renunciara 800 mil millones de pesos a programas en otros sectores del gobierno nacional.
En la gestión de la seguridad la asignación de recursos es la garantía de la voluntad gubernamental de proteger a los ciudadanos y velar por el imperio de la ley. También es la prueba estructural de la estrategia de seguridad, que exige sincronía entre planes, presupuestos y metas para no fracasar.
La programación de un presupuesto menor impacta directamente las promesas realizadas por Petro a López, dado que cumplir la cuota de personal policial, de material y equipos para las operaciones de vigilancia, investigación y desmantelamiento del crimen comprometidas necesita de más recursos de los que tiene hoy asignados.
Todo el país está pidiendo refuerzos policiales contra la criminalidad y no ha empezado la ejecución de la “Paz Total” que, en sano juicio, demandaría una cantidad robusta de policías para brindar garantías de seguridad en cada zona donde se estén llevando a cabo diálogos. Esto impone retos considerables a la disponibilidad de pie de fuerza para las ciudades.
