Durante décadas, la discusión educativa en Colombia ha permanecido atrapada en una agenda corporativista y gremial que prioriza las reivindicaciones sindicales sobre el aprendizaje real de las niñas y niños. Negociación tras negociación con FECODE, la educación pública ha ignorado el debate de fondo: la calidad. Las consecuencias de este enfoque se reflejan en la urgencia social que revelan los diagnósticos internacionales.
Los resultados de las Pruebas PISA confirman un drama nacional. Colombia continúa rezagada frente al promedio de la OCDE, ocupando los últimos lugares en matemáticas, ciencias y resolución de problemas. Pero el dato más alarmante reside en la comprensión lectora: más de la mitad de nuestros jóvenes de 15 años no alcanza las competencias básicas para analizar, interpretar o argumentar a partir de un texto.
Sin lectura crítica, el aprendizaje en matemáticas y pensamiento lógico se desploma, pues el lenguaje es el vehículo indispensable para razonar. Un país donde sus adolescentes no entienden lo que leen es un país que condena a sus generaciones futuras a la informalidad, la pobreza y la falta de oportunidades en un mercado laboral altamente demandante.
La falta de calidad no es una discusión teórica. La encuesta de Invamer y ProBogotá Región señala que los jóvenes entre 18 y 28 años concentran el 38 % de la rotación laboral en Colombia (frente al 21 % en adultos), en gran medida porque llegan a sus primeros empleos careciendo de las habilidades técnicas y blandas mínimas exigidas. A esto se suma que la informalidad juvenil en Bogotá escaló al 35,6 % y que más de 531.000 jóvenes enfrentan barreras severas para estudiar o trabajar formalmente, de acuerdo con la Red Global de Jóvenes con Potencial (GOYN).
Si queremos movilidad social y equidad real, debemos ofrecer la mejor educación posible a quienes nacen en los hogares de menores ingresos. Y para ello, no hay que inventar la rueda: Bogotá cuenta con una ruta probada y exitosa desde hace 26 años.
Los Colegios en Administración del Servicio Educativo (CASE), surgidos bajo la figura de concesión en 1999, representan una innovación pública donde el Distrito entrega la infraestructura a operadores privados sin ánimo de lucro de alta acreditación, quienes asumen la gestión pedagógica integral.
Frente a la rigidez del modelo oficial tradicional, la evaluación externa rastreó a más de 300.000 estudiantes entre 2010 y 2024 comparando los 35 colegios CASE con 35 oficiales de similar entorno socioeconómico. El resultado es contundente: en permanencia, nueve años después de ingresar, 6 de cada 10 estudiantes CASE continúan en el grado correspondiente, versus 4 de cada 10 en colegios comparables; en acceso a educación superior, asistir a un colegio CASE incrementa en 11,8 puntos porcentuales la probabilidad de culminar grado 11 y en 12,6 puntos la de acceder a la universidad o centro técnico; en mayores ingresos, los egresados de estos colegios ganan un 13,9 % más a lo largo de su vida laboral; y, en eficiencia fiscal, el impacto positivo se logra a un costo 28,4 % menor por estudiante que el del sistema público tradicional.
Pese a estos resultados, hoy 22 de los 35 contratos CASE vencen, poniendo en riesgo a más de 26.000 estudiantes. El problema no es pedagógico ni fiscal, sino normativo: la Ley 715 de 2001 solo permite contratar con privados bajo el criterio de insuficiencia de cupos, un paradigma superado. El criterio debe ser la calidad.
El modelo de concesión funciona mejor gracias a la libertad de gestión e innovación pedagógica. Organizaciones como Alianza Educativa han demostrado que es posible estructurar propuestas de vanguardia en sectores vulnerables.
Su modelo no solo potencia las competencias académicas duras mediante un enfoque STEM adaptado al contexto de vida de los alumnos, sino que ha revolucionado la gestión del bienestar. Ejemplo de ello es el Colegio Las Margaritas IED, preseleccionado entre las mejores escuelas del mundo (World’s Best School) gracias a sus refugios socioemocionales y proyectos de apoyo psicológico y familiar. Cuando un colegio cuida la salud mental y emocional de sus alumnos, logra rescatar a quienes el sistema tradicional suele apartar.
Es por ello por lo que el proyecto de decreto publicado para participación ciudadana por el Ministerio de Educación, que reglamenta la Ley 715, es la oportunidad de consolidar la calidad pedagógica, la permanencia y el impacto social como los pilares rectores para la contratación y renovación de estos centros educativos. Celebramos el liderazgo del Gobierno de De la Espriella, que desde el primer mes de su mandato puso en el centro de la agenda nacional la urgencia de rescatar la excelencia educativa. Con esta bandera, el Gobierno ha demostrado que entiende que la educación de alta calidad es el motor más potente para la movilidad social y el cierre de brechas de inequidad en Colombia.
El reloj avanza y hoy más de 39.000 niños, niñas y jóvenes aguardan la consolidación de este paso decisivo. La expedición de un decreto ambicioso e integral, respaldado en el modelo de concesión, no solo garantizará la continuidad de una política pública ampliamente probada, sino que enviará un mensaje lleno de esperanza e inspiración a toda la nación: en Colombia, la educación de los hogares más vulnerables no solo importa, sino que será la mejor. Estamos a las puertas de dar el salto que convertirá la calidad en un derecho garantizado para todos.
