La visión general de los candidatos presidenciales sobre la seguridad en las ciudades permite observar el futuro que nos espera.
Inseguridad, crimen, violencia, corrupción e impunidad son asuntos que durante los últimos años han debilitado la confianza en las instituciones y deteriorado la calidad de vida de los colombianos. Siendo este un país con un 74% de habitantes urbanos, la atención de estas problemáticas en las ciudades representa la punta de lanza de la recuperación del estado de ánimo de la nación.
En este campo, algunos de los asuntos más críticos que enfrentan las ciudades colombianas son la evolución de grandes urbes hacia mercados criminales organizados, el avance del microtráfico como gran motor de la delincuencia y la violencia, el deterioro sustancial de la convivencia entre los ciudadanos, así como la consolidación de una comunidad que considera factible el incumplimiento de las normas de convivencia y de la ley en sus diferentes dimensiones.
Asimismo, el debilitamiento de la capacidad institucional para dar respuesta a estos desafíos. Un pie de fuerza que no consulta realidades de magnitud y especialización en la misión, el uso ineficaz y errático de la tecnología aplicada a la seguridad, la inseguridad jurídica en la prestación del servicio y la desintegración de los esfuerzos operativos, de inteligencia e investigación se han convertido en barreras críticas para proteger a los ciudadanos y golpear al crimen.
Mención aparte merecen la incapacidad de la justicia de aplicar las normas, el debilitamiento de la confianza ciudadana y un liderazgo civil que ha puesto sus intereses electorales por encima de la protección de los ciudadanos. Verdaderos cánceres para la vigencia del imperio de la Ley.
No siendo suficiente lo anterior, la crisis del covid-19 dejó en evidencia que las ciudades no cuentan con sistemas de seguridad que soporten el peso de un escenario catastrófico de manera coordinada y sostenible, dando origen a una explosión de responsabilidades para la institución policial que debilitan su respuesta efectiva y desnaturalizan su función.
Siendo así, los ciudadanos que compiten por conducir los destinos del país durante los próximos cuatro años enfrentan un novedoso reto para atender las necesidades de los habitantes de las ciudades en términos de seguridad, convivencia y justicia: Ofrecer respuestas efectivas y simultáneas para resolver asuntos irresueltos antes de 2020 y aquellos que surgieron a partir del regreso a la normalidad en 2021.
¿Qué proponen los candidatos para enfrentar este contexto?
Gustavo Petro sugiere un nuevo abordaje de la seguridad en ciudades denominado “seguridad humana” dirigido al cuidado de la vida, la naturaleza y la desmilitarización de la vida social. Para esto reubicará la Policía Nacional en los ministerios de Justicia o Interior, reenfocará sus funciones en la solución pacífica de los conflictos y controlará la gestión y operación policial con veedurías y mesas territoriales de garantías.
Federico Gutiérrez señala que la seguridad ciudadana se construye entendiendo los fenómenos criminales para combatirlos en todos sus eslabones con herramientas diferenciales. Lucha contra el crimen, aplicación efectiva de la ley y protección y prevención del reclutamiento y la victimización de niños, niñas y adolescentes, son sus claves para construir una seguridad sostenible.
Rodolfo Hernández indica que la generación de empleo y la lucha contra el hambre serán los motores del mejoramiento de la seguridad ciudadana. Asimismo, que la revisión y depuración de la institución policial permitirá recuperar la confianza de los ciudadanos para construir seguridad.
Venezolanos varados en México por larga espera para ingresar a Estados Unidos
La seguridad ciudadana de Sergio Fajardo se traduce en prevención del delito, el reclutamiento y la reincidencia criminal, la protección de entornos urbanos, la resolución pacífica de conflictos y la recuperación de la confianza ciudadana. Para avanzar en esas dimensiones, Fajardo propone una cirugía institucional profunda que incluye crear un ministerio para la seguridad, mejorar la coordinación nacional-local, e incluso transformar los CAI en centros de servicios al ciudadano.
Llama la atención que las referencias a capacidades operativas, fortalecimiento del pie de fuerza e integración de esfuerzos interinstitucionales para el cierre de espacios a la violencia y el crimen escaseen. Gutiérrez y Fajardo se detienen en descripciones generales del tema, sin precisar fuentes de financiación o características del esfuerzo.
La transformación de las instituciones está de moda. Tres de los cuatro candidatos están dispuestos a “vender el sofá”, sin atender las razones que tienen en estado catatónico al imperio de la ley. Solo Gutiérrez está dispuesto a trabajar con el arreglo institucional vigente, sobre el cual plantea adaptaciones y mejoras.
En la lucha contra el crimen en las ciudades, Fajardo y Hernández consideran que su debilitamiento será el resultado de aproximaciones indirectas y de la regularización de actividades criminales. Petro parece considerar a criminales y delincuentes como actores dóciles y complacientes, controlables a través de “procesos pacíficos” y justicia restaurativa.
Sobre el orden público y la movilización social, un asunto que marca la evolución de la inestabilidad en las ciudades, no se aprecian reflexiones serias. Mientras que Petro plantea el desmonte del ESMAD, Hernández promete destituir a todo aquel que sea señalado de abusos y Fajardo ofrece más formación en derechos humanos, cultura y sociedad. Ventaja para vándalos e instigadores del crimen y el desorden.
Todos los candidatos proponen reformar el sistema penitenciario desde enfoques diferenciales que van desde la creación de ciudades penitenciarias propuesta por Hernández, hasta su transformación en ejes de justicia restaurativa por parte de Petro.
Revisadas las propuestas programáticas sobre seguridad en las ciudades, queda una sensación de incomprensión de la complejidad del contexto de seguridad, justicia y convivencia en las ciudades después de la pandemia. Asimismo, de los tiempos disponibles para obtener resultados que desactiven un estallido incontrolable de criminalidad y violencia.
La transformación radical del sistema de seguridad o la resignificación de la seguridad ciudadana darán origen a espacios fértiles para el fortalecimiento del crimen, la profundización de la violencia y la perdida de la poca confianza ciudadana vigente. Nadie cambia el techo de su casa en medio de una ola invernal.
El próximo presidente enfrentará desafíos críticos de seguridad en las ciudades desde el momento mismo de su posesión. La viabilidad de su mandato dependerá de la efectividad y agilidad de las acciones para recuperar la vigencia del imperio de la Ley, la confianza de la ciudadanía y también de la Fuerza Pública.
