La quema de viviendas es una expresión del crimen con patas largas en las mafias de comercializadores ilegales de tierra. Un crimen invisibilizado que dinamiza la inseguridad urbana.
El incendio de un asentamiento ilegal el pasado 19 de julio, reseñado como el resultado de actos violentos motivados por el microtráfico, la guerra entre bandas delincuenciales y el deseo de afectar una comunidad de migrantes, empieza a mostrar conexiones con urbanizadores piratas -tierreros- ejerciendo control social y territorial en la zona.
Los tierreros están documentados desde hace más de seis décadas. Son mafias que lotean terrenos usurpados o que hacen acuerdos criminales con propietarios inescrupulosos para venderlos como campamentos tuguriales y de vivienda de baja calidad a población vulnerable con barreras infranqueables para su integración social y económica.
La urbanización pirata consiste en ofrecer opciones de vivienda en áreas que no están habilitadas para construcción, reservas naturales y áreas de riesgo principalmente con la promesa de que se puede desarrollar una vivienda o acceder a programas de reasentamiento gubernamental.
Quienes acceden a este mercado se convierten en víctimas de un ejercicio extorsivo de larga duración quedando en una condición de cuasi esclavitud. Quien compra un predio pirata no termina su transacción al pago del terreno, también debe pagar los materiales del cambuche y los servicios ilegales que le habiliten los piratas.
Adicionalmente, si es beneficiario de un reasentamiento gubernamental o adjudicatario de créditos para vivienda estatal la victima deberá pagar una cuota al tierrero. Una telaraña extorsiva que se robustece con el tiempo y en muchos casos los abraza para someterlos al control social y criminal.
La perversidad de esta práctica no para ahí. La piratería urbana y sus tierreros representan una compleja red criminal que integra servicios de seguridad ilegal, crédito gota a gota, extorsión, falsedad en documento, fraudes, corrupción, reclutamiento de menores, hurtos, entre otros. Todo esto con miras a la consolidación de un aparato armado robusto, creíble y sostenible que valide el control que ejerce sobre la vida y la integridad de sus clientes.
Otra víctima del “tierrerismo” es la ciudad. La piratería urbana es la principal causante de la destrucción de capital natural clave para la sostenibilidad y la protección ambiental. Asimismo, su vocación ilícita es un motor de corrupción, desajuste del desarrollo local planeado, así como del deterioro físico y administrativo de las redes de servicios públicos en las localidades.
No menos importante es el impacto violento y criminal en las víctimas de la piratería y de los ciudadanos en general. Sus organizaciones son mano de obra criminal disponible que agencia la empresa criminal en las localidades para el control territorial y social.
Si bien la larga historia de esta actividad ilícita denota una tradición de inacción o despreocupación gubernamental, durante las administraciones de Enrique Peñalosa el distrito hizo frente a los desafíos urbano, social y criminal que imponen las mafias “tierreristas”.
Para esto ejecutó una estrategia de integración socioeconómica y urbanística, protección de espacios en riesgo y aplicación de la ley enfocada en quitarles los clientes a las mafias, negarles los espacios para sus negocios y desarticular las cadenas de corrupción que les brindan apoyo.
La información sobre el auge de los tierreros se ha incrementado durante los últimos años. La migración venezolana vulnerable y su débil integración en la sociedad colombiana ha representado un incentivo poderoso. La quema criminal en “Tres Calaveras” es un nuevo toque de alarma frente a esas bandas. Esto obliga a la alcaldia a concentrarse en este fenómeno con miras a desmontar incentivos no deseados y desarticular su entramado criminal.
Para lograrlo es necesario que las secretarías distritales de Seguridad, Hábitat y Planeación, con el concurso de otras agencias, desarrollen una estrategia de prevención con líneas de esfuerzo operativas, institucionales y comunicacionales que combinen actividades de formalización de vivienda, vigilancia permanente del territorio, aplicación de la ley e integridad institucional para atacar en simultanea la cadena delictual de los tierreros.
De otra parte, la Secretaría de Planeación del Distrito puede aprovechar la suspensión del POT para revisar los incentivos perversos que genera la limitación del suelo de expansión en beneficio de los tierreros, así como los desequilibrios en las estrategias de provisión de vivienda e integración público-privada. De no actuarse así, florecerán las mafias de vivienda en una ciudad que actualmente registra al menos 20.000 viviendas en asentamientos ilegales.
Todo lo anterior daría a la ciudad herramientas para atender un problema actual y alistarla para uno potencial. Los anuncios nacionales de acuerdos regionales con criminales tienen un alto potencial de convertirse en pactos de cohabitación con efectos críticos de desplazamiento interno masivo. Dado ese riesgo, ordenar las acciones distritales en el frente anti-tierreros es una oportunidad de tener preparada a la ciudad frente a una demanda de atención e integración de migrantes en la vida de ciudad que siempre le ha costado.
Enfrentar a los tierreros y desarticular sus organizaciones es un imperativo estratégico y moral de Bogotá para cimentar la seguridad del futuro. Integrar a los más vulnerables un esfuerzo urgente para fortalecer la sociedad en su conjunto.
