Bogotá está fallando en algo vital: el mantenimiento de lo que ya tenemos. Aunque la ciudad ha avanzado con grandes proyectos como el Metro y nuevas troncales de TransMilenio, el cuidado de la malla vial, los andenes y las ciclorrutas se ha relegado a un segundo plano, considerándose solo con los recursos que “sobran”. La consecuencia de esta desatención es clara: gran parte de nuestra infraestructura, especialmente en los barrios y zonas periféricas, está deteriorada, lo que afecta directamente la calidad de vida, la seguridad y la equidad de los bogotanos. Por ejemplo, solo el 37,3% de la malla vial total está en buen estado, y localidades como Ciudad Bolívar y San Cristóbal son las más afectadas.

Además de la infraestructura, existe una presión financiera enorme en la operación del transporte público. El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), especialmente su componente zonal (los buses azules), tiene un déficit operativo creciente que alcanzó más de $3,1 billones de pesos en 2024, y se proyecta que siga creciendo. Este hueco se cubre con aportes públicos inestables, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Para ejemplificar, transportar un pasajero en el SITP zonal cuesta $5.895, pero el usuario solo paga una fracción, lo que obliga al Distrito a subsidiar la diferencia. Resolver este déficit y financiar las nuevas obras (como el Metro y Regiotrams) requiere $12 billones de pesos solo para recuperar la malla vial y una inversión total de $9,7 billones de pesos para el SITP entre 2025 y 2027, lo que subraya la necesidad de fuentes de financiación estables y apoyo nacional.

El mantenimiento debe dejar de ser una actividad secundaria y convertirse en una política pública estratégica con metas, presupuesto y responsables claros. Esto implica duplicar el presupuesto anual, priorizar la inversión en andenes y ciclorrutas (que promueven la sostenibilidad y mueven a millones de personas), y exigir la conservación como un componente obligatorio en cada nueva obra. Adicionalmente, se debe innovar con esquemas de financiación como las Alianzas Público-Privadas (APP) con obligaciones de mantenimiento y una redefinición de la sobretasa a la gasolina.

Finalmente, se necesita un visor público de la red vial y el espacio urbano para garantizar la transparencia y que las decisiones de inversión se tomen con datos abiertos y evidencia.