1. Riesgo de rehacer diseños o ajustes costosos para cumplir criterios que no existían al momento de planearlos.

2. Suspensión de trámites mientras las autoridades definen cómo aplicar las nuevas categorías.

3. Posibilidad de que obras ya adjudicadas entren en litigios, porque la incompatibilidad ambiental puede implicar incumplimientos contractuales.