El último informe de la Fundación para el Estado de Derecho (Fedecolombia), el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y Probogotá Región, analizó 9 leyes y decretos que el gobierno ha utilizado para regular territorios y usos de suelo. 

Revisó los huecos legales y efectos de normas como la actualización de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), las Reservas de Recursos Naturales Temporales o la opción de compra de tierra privilegiada de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Las principales afectaciones son a: 

1. La Autonomía territorial, porque las medidas aplican un modelo central que afecta el derecho de los municipios de reglamentar su propio suelo.

2. La seguridad jurídica y propiedad privada porque algunas medidas administrativas del gobierno sustituyen trámites en el Congreso y restringen derechos como la propiedad privada.

3. La participación ciudadana porque las reformas se han hecho sin la participación de los municipios y las comunidades, aunque se trate de regulaciones que los afectan directamente.