Esa es una de las principales conclusiones del Informe Anual de Seguridad 2025 de ProBogotá Región, que advierte sobre una transformación estructural en la naturaleza de la inseguridad de la capital.
De acuerdo con el reporte, durante 2025 se registró una reducción en varios delitos de alto impacto frente a 2024. El homicidio cayó 3,4 por ciento, al pasar de 1.214 a 1.173 casos; el hurto a personas disminuyó 5,4 por ciento; el hurto a comercio bajó 32,8 por ciento; el hurto de automotores se redujo 22,7 por ciento, y la extorsión descendió 20,5 por ciento.
Sin embargo, mientras esos indicadores mejoran, aumentan otros fenómenos que, según el análisis, están modificando la experiencia cotidiana de inseguridad de los bogotanos; tal es el caso de las lesiones personales, que crecieron 10,2 por ciento, y la violencia intrafamiliar, que subió 11,5 por ciento.
Para ProBogotá Región, este comportamiento confirma que la violencia urbana en la capital está mutando hacia escenarios más próximos a la vida diaria de los ciudadanos. Ya no se trata únicamente del delito asociado al crimen organizado o al hurto en el espacio público, sino de conflictos que se expresan dentro de los hogares, en disputas entre particulares y en situaciones de intolerancia que terminan escalando a agresiones físicas o incluso homicidios.
De hecho, el informe advierte que una proporción relevante de los homicidios registrados en Bogotá está asociada a riñas, intolerancia y conflictos espontáneos, muchos de ellos relacionados con el consumo de alcohol.
Este hallazgo, según el documento, obliga a replantear la discusión sobre seguridad en la ciudad, pues sugiere que el problema ya no puede entenderse solo desde una óptica policial, sino también desde una perspectiva social, institucional y de cultura ciudadana.
El análisis también plantea que Bogotá enfrenta una paradoja pues mientras la demanda ciudadana por seguridad aumenta, las capacidades institucionales para responder siguen siendo limitadas.
Según ProBogotá, el principal cuello de botella no está únicamente en el pie de fuerza policial, sino en factores como la baja efectividad del sistema judicial, la limitada coordinación entre instituciones y las brechas territoriales en la respuesta estatal.
A ello se suma un contexto nacional complejo, marcado —según el informe— por el fortalecimiento del crimen organizado, la expansión de economías ilegales en zonas urbanas, una mayor presencia de grupos armados y la ausencia de una política nacional de seguridad urbana articulada.
