Durante la jornada de este miércoles 26 de noviembre se estuvo desarrollando la sesión para decidir si se adoptan los lineamientos ambientales para Bogotá y la Sabana, un proyecto liderado por el Ministerio de Ambiente que introduce nuevas reglas para el ordenamiento territorial de la región. A lo largo del día se estuvo definiendo si había o no consenso para dar luz verde a la propuesta.
La decisión se estuvo barajando en el marco de la sesión 57 del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH), organismo conformado por el Ministerio de Ambiente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y algunas alcaldías municipales.
Estas entidades han evaluado los impactos que trae la propuesta del Gobierno nacional y con base en ello tomarán su decisión. Algunas voces, externas al CECH, también han acompañado la discusión ofreciendo visiones. Una de ellas es ProBogotá Región, que alertó sobre el impacto negativo de las directrices ambientales.
“Creemos que el Ministerio de Ambiente presentará una nueva versión del texto de directrices ambientales. Las entidades que conforman el CECH deberán definir si le dan trámite en los términos que propone el Ministerio o, si en virtud de los grandes impactos, debe ser corregido”, afirmó María Carolina Castillo, presidente de ProBogotá Región.
En efecto, para la organización, este proyecto generaría afectaciones críticas e inmediatas sobre la movilidad, la provisión de servicios públicos, la competitividad y el desarrollo urbano y rural de Bogotá y 31 municipios de la Sabana.
De acuerdo con un análisis realizado por ProBogotá, las directrices proponen un nuevo régimen ambiental rígido sobre 427.536 hectáreas de Bogotá y la Sabana, de las cuales cerca del 71,5 por ciento quedarían sometidas a normas con mayor jerarquía a los POT, “sin margen de decisión para alcaldes y concejos”.
