El gobierno de la ciudad afrontó el reto de gestionar los efectos generados por más de 12 meses de confinamiento y los efectos socioeconómicos que se derivaron de la restricción a los derechos individuales de los ciudadanos para el control del contagio y la disminución del riesgo de vida de la pandemia.

Pero adicionalmente, el regreso progresivo a la vida urbana enfrentó a la administración distrital a la gestión de problemas cotidianos que se habían invisibilizado en el marco de la crisis o tan solo dejó de atender en un ejercicio de priorización obligatorio a lo largo del 2020.

La suma de choques por cuenta de factores históricos y derivados de la crisis generaron impacto no solo en el clima de concordia social y la estabilidad urbana. El entorno caótico y de confrontación creó un ambiente propicio para el reordenamiento territorial del crimen, el ejercicio de actividades políticas desestabilizadoras y el posicionamiento de organizaciones con intereses de control social y económico de áreas del tejido urbano.

Las localidades de Kennedy, Suba y Usme y sus comunidades fueron las más afectadas por este fenómeno, que iniciado el 2022 aún no ha sido revertido.