Bogotá acusa un déficit considerable en materia de servicios urbanos tales como vivienda, áreas verdes por habitante, camas hospitalarias, infraestructura escolar para satisfacer las necesidades de la jornada única, con diferencias notables de localidad a localidad. Sin duda una de las grandes prioridades del ordenamiento territorial bogotano es asegurar la provisión de suelo para satisfacer éstas y otras necesidades estructurales, como puede ser el desarrollo del sistema de transporte masivo.
La discusión sobre cómo y en dónde es deseable producir suelo desarrollable es compleja y debe obedecer a estrategias de largo plazo. En vísperas de la formulación del nuevo POT de Bogotá, vuelve a abrirse un debate sobre las oportunidades de la expansión urbana y la viabilidad de la densificación del llamado centro ampliado. A todas luces, ambos procesos son complementarios y en cualquiera de los dos casos, el reto es el mismo: asegurar la correlación entre la necesidad de producción de suelo desarrollable y la capacidad de la ciudad de proveer la infraestructura y los equipamientos necesarios para su desarrollo equilibrado y sostenible. Esta correlación se estudia a través de la formulación del POT y se determina a través de este.
En los términos en que ProBogotá Región lo definió en su documento de propuestas “Para Vivir Bogotá”, el principal objetivo del ordenamiento del territorio de Bogotá y su área de influencia metropolitana debería ser el de asegurar un modelo sostenible de desarrollo de la ciudad-región basado en:
- el equilibrio, entendido como la posibilidad de satisfacer las necesidades de crecimiento urbano garantizando la protección de los recursos naturales, agrícolas y forestales, la conservación del paisaje y la mitigación de riesgos naturales y tecnológicos,
- la eficiencia, que supone controlar los procesos de ocupación de suelos para optimizar la conectividad territorial, los procesos productivos, la logística metropolitana y el saneamiento general el territorio (alcantarillado, desechos y otras fuentes de contaminación),
- la solidaridad, que nos exige privilegiar el interés general reduciendo la competencia entre municipios por capturar rentas fiscales, realizando proyectos intermunicipales con presupuestos y financiaciones cruzadas y reduciendo las desigualdades económicas entre los municipios del territorio.