Este tema, que se ha manejado desde varios puntos y enfoques, vuelve a estar en la mira de analistas y expertos porque puede afectar a los ciudadanos.

Apenas iniciaba 2023 se conocía la intención del presidente Gustavo Petro de asumir el control de las comisiones de regulación de servicios públicos a nivel nacional, esto sería vía decreto, esperando que se implementara el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin embargo, empezaron a llegar los reparos por lo que podría suceder hacia el futuro con las tarifas, calidad e inversiones en estos sectores.

A los pocos días, debido a la intervención del Consejo de Estado, se decretó medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 de 16 de febrero de 2023, por el cual el presidente Gustavo Petro reasumía funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Aunque quedaba todo como antes, el tema estaba en el aire, ya que en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 se tendría la misma idea de que el Gobierno Nacional asumiera funciones reguladoras para los servicios públicos y que tome decisiones para cambiar los manejos que se vienen dando.

Riesgo de fijar tarifas de servicios públicos en Colombia, como propone el Gobierno Nacional

Pues, apenas iniciando mayo, salieron conceptos que alertan ante el planteamiento, estos vienen del análisis del PND hecho por Probogotá Región y el Consejo Privado de Competitividad (CPC).

En el diario El Tiempo se consignan conceptos y reparos a lo que tiene el Plan proyectado entre 2023 y 2026, pero hacen énfasis en las tarifas de servicios públicos. Indican que no se tendrían bases para establecer los costos en cobros de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo:

“El articulado abre la posibilidad a que el Gobierno Nacional expida actos administrativos que, eventualmente, determinen las tarifas de servicios públicos sin contar con un análisis técnico objetivo”.

Y se destaca que en la función reguladora debe estar en la parte central el usuario o ciudadano del común, esto como el beneficiario final de la prestación de los mencionados servicios y quien “solo tendrá la mejor calidad del servicio al menor costo en un entorno que garantice la competencia”.