Presidente de la entidad hace un análisis sobre los aciertos y lo que les preocupa de la propuesta.

En las últimas semanas mucho se viene hablando de la reforma tributaria que propone el gobierno Petro. En diferentes escenarios y espacios, sectores e industrias han manifestado sus preocupaciones, inconformidades y peligros de algunos de los artículos, sin desconocer otros aspectos positivos y la necesidad de ‘tapar’ el hueco fiscal existente en Colombia

Una entidad que ha estado muy activa en el análisis de este proyecto de ley que cursa en el Congreso es Probogotá Región, que a través de su presidente, María Carolina Castillo, ha destacado los principios de equidad, progresividad y eficiencia que rigen la propuesta, y en particular lo relacionado con la capacidad redistributiva del sistema tributario colombiano para contribuir a la superación de la pobreza y la inseguridad alimentaria, propendiendo por el bienestar general. Pese a ello, cree que lo hace a expensas del desarrollo de un ambiente idóneo para la generación de empleo y el crecimiento económico.

“Hemos estudiado la propuesta de reforma tributaria en la medida que ha transcurrido en debate ante el Congreso de la República y hemos identificado que en relación con los límites a las deducciones y rentas exentas que se están imponiendo sobre el proceso de depuración de la renta líquida gravable de las personas naturales resulta acertado reducir los topes en valor absoluto (denominadas en UVT) de todas aquellas detracciones que se determinan como un porcentaje del ingreso”, explica Castillo.

Así mismo, considera oportuna la discusión sobre las exenciones de la renta corporativa en búsqueda de mejores condiciones de equidad entre sectores que mejoren la competencia, reduzcan posibles arbitrajes y la generación de sesgos en la política tributaria. Sin embargo, según ella, existen preocupaciones respecto a la forma en la que algunos de los objetivos de la reforma se materializan en la propuesta.

En esa línea, sostiene que la reforma tributaria se discute en un entorno económico derivado de los efectos de la guerra en Ucrania en el precio de los combustibles y alimentos, de los problemas en las cadenas de suministro después de la pandemia de la covid-19, la inflación y el costo del crédito, factores que han abierto la posibilidad de una recesión global.

No se puede impactar el ingreso de los colombianos

A pesar de las sobresalientes cifras de crecimiento económico de este año, del 12,6% en el segundo trimestre, es claro que Colombia no es ajena a la situación global.

En este contexto, la directiva de Probogotá dice que es fundamental adaptar el proyecto de reforma tributaria a la realidad económica para evitar golpear más el ingreso de las familias colombianas.

Al respecto, recuerda que entre los años 2002 y 2017 la reducción de la pobreza fue resultado en un 72% por la generación de empleo y los retornos a la educación. En contraste, solo un 9% de esta disminución fue explicada por transferencias monetarias, según lo ha señalado Fedesarrollo.

En tanto que, de acuerdo con el Dane, el crecimiento económico explicó gran parte de la reducción de la pobreza monetaria en 2020 y 2021 (5,4 p.p.), por lo que están convencidos de que la reforma debe evitar afectar negativamente factores generadores de crecimiento económico como la inversión, la productividad y el empleo.

Así las cosas, para María Carolina Castillo hay aspectos que afectan el empleo y uno de ellos tiene que ver con los dividendos, ya que la tasa combinada sigue llegando a niveles que hacen menos competitivo invertir en Colombia. La tarifa socio-sociedad sería del 48%, significativamente más alta que el promedio de la OCDE, que es del 41,89%.

Adicionalmente, opina que al incluir el efecto del impuesto al patrimonio, del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y del 4 por mil, la tarifa puede elevarse por encima del 100% en empresas con bajos márgenes de rentabilidad.

“Con relación al impuesto al patrimonio, creemos que determinar el costo histórico como base del impuesto es un paso en la dirección correcta. No obstante, la actualización por medio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la fecha de adquisición puede duplicar o triplicar el costo de adquisición de los activos. Recordemos que durante la segunda mitad del siglo anterior la variación del IPC se ubicaba niveles cercanos al 20%”, advierte la Presidente de Probogotá Región.

Sobretasas especiales

De otra parte, con relación al límite de 15% de tributación a las utilidades comerciales totales, plantea que, al hacer referencia a la tasa efectiva de tributación, ese límite en la práctica terminará gravando utilidades comerciales totales, que incluyen las expectativas de ingresos, esto es, aquellos que son exclusivamente contables y que pueden no materializarse; además del dinero que efectivamente haya ingresado a la sociedad.

Mantener las fórmulas para estos tres impuestos como fueron aprobadas en las comisiones terceras –indica–, limitará la inversión y con ella la creación de empleo, y desde luego el recaudo para el Estado. Con respecto a lo que piensa sobre las sobretasas especiales, Castillo manifiesta que el texto del proyecto predica la equidad horizontal, que consiste en que dos empresas o personas con el mismo nivel de ingresos tengan el mismo tratamiento tributario. Sin embargo, cuando plantea sobretasas a sectores específicos como el financiero, el de hidrocarburos, las hidroeléctricas y el minero-energético (este último que soportará la mitad de los ingresos esperados con la reforma), se contradice. Por eso encuentra necesario reiterar que se debe equilibrar la cancha tributaria para los diferentes sectores económicos. En síntesis, según la ejecutiva, la reforma afecta el recaudo y la economía de los municipios y departamentos; en el caso de Bogotá el impuesto de industria y comercio representa el 43% de los ingresos tributarios de la ciudad ($4,1 billones), y al eliminar que sea descontable de la renta, el proyecto de reforma puede aumentar la evasión y desincentivar la formalización empresarial.

Lo anterior, señala, terminará afectando una de las principales fuentes de recaudo de la ciudad, lo que se traducirá en menor gasto público para los bogotanos. Así, puede afectar programas sociales tan relevantes en la actual coyuntura económica como el de Bogotá Solidaria, que está llegando a la mayoría de las familias con incidencia de pobreza monetaria en la ciudad.

“Para otras entidades territoriales el doble impacto de las sobretasas al sector minero y la no deducibilidad de las regalías tendrá un efecto en la estructuración de nuevos proyectos minero-energéticos. Como consecuencia, el monto de las regalías transferidas disminuiría impidiendo nuevos proyectos de inversión que, por un lado, podrían actuar como políticas contra-cíclicas y, por otro, contribuir a la superación de la pobreza multidimensional al garantizar acceso a agua potable y saneamiento básico, salud y educación”, recalca la directiva de Probogotá.

Por último, al considerar que en el sector petrolero cada empleo directo se traduce en 5,5 empleos indirectos, opina que la disminución de esta actividad podría llegar a afectar a 650 mil colombianos, y que este efecto se profundizaría en departamentos como La Guajira, donde la actividad minera representa el 44% de su economía.

María Carolina Castillo hace hincapié en que es importante que se sigan oyendo las voces que desde diferentes sectores se vienen pronunciando y que se incorporen las recomendaciones que buscan proteger la competitividad, el empleo y el crecimiento del país.

Por esa razón, concluye que es positivo que se hayan venido haciendo ajustes al texto inicial, pero insiste en la necesidad de entender que esta discusión no se ha terminado y que tanto la ponencia como la discusión en el Congreso recojan los análisis que desde un punto de vista técnico han evaluado las consecuencias de esta reforma.