23 de mayo de 2026. Las recientes decisiones y anuncios del presidente de la República, los ministros y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, alrededor de las Asociaciones Público-Privadas (APP) están enviando una señal de alta incertidumbre para la inversión, la infraestructura y la estabilidad institucional del país.

El caso del Eje Cafetero evidencia la dimensión del problema. El anuncio de terminación anticipada de la concesión Autopistas del Café, sin una causal legal acreditada y a pocos años de su reversión ordinaria, sumado al rechazo anticipado de la Iniciativa Privada Conexión Centro antes de concluir su evaluación técnica y financiera, rompe la confianza sobre las reglas de juego del modelo APP en Colombia.

Lo que está en discusión no es únicamente un contrato o una concesión regional. Está en riesgo uno de los principales instrumentos que ha tenido el país para financiar infraestructura estratégica, cerrar brechas de conectividad y atraer inversión privada de largo plazo.

Cuando el propio Estado desconoce los procedimientos y modifica unilateralmente las condiciones institucionales, el impacto trasciende cualquier proyecto particular: aumenta la incertidumbre, se debilita la confianza inversionista y se pone en riesgo la capacidad del país para ejecutar obras estratégicas en el futuro.

Las APP han sido fundamentales para el desarrollo regional y la competitividad de Colombia. Debilitarlas mediante decisiones políticas sin suficiente sustento técnico ni seguridad jurídica constituye un grave retroceso institucional. Colombia necesita infraestructura, pero también necesita reglas claras, estabilidad y confianza. La seguridad jurídica no es un formalismo: es la condición mínima para que exista inversión, planeación y desarrollo.

En ese contexto, la Red PRO hace un llamado al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Infraestructura para que cualquier decisión sobre contratos de concesión e iniciativas privadas se adopte dentro del marco legal vigente, con sustento técnico, transparencia y participación de los territorios.

La confianza institucional construida durante décadas no puede ponerse en riesgo por decisiones improvisadas o señales contradictorias frente a la estabilidad de las reglas de juego del país.