El éxito en la gestión de la seguridad ciudadana está determinado por el entendimiento de los tiempos que demandan la construcción de estabilidad, el desarrollo de capacidades y las transformaciones sociales.
El primer “Consejo de Seguridad Humana” desarrollado entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López definió la nueva hoja de ruta para la protección de la vida, los derechos y las libertades de quienes viven la ciudad capital.
Desde la inauguración del nuevo gobierno he señalado que la alcaldesa López debe jugar un papel clave en el diálogo nacional sobre seguridad ciudadana para garantizar la defensa de los intereses de una ciudad que enfrenta desafíos considerables en la protección de los ciudadanos y la aplicación de la ley.
A su vez, por la experiencia que la alcaldesa ha adquirido a lo largo de un mandato atravesado por experiencias amargas y desafíos considerables en este frente, lo que la convierte en una interlocutora clave para la maduración de la visión del nuevo gobierno sobre el tema.
Ejemplo de esto es el sentido crítico desarrollado frente a posturas iniciales que empeoraron el ambiente de seguridad, que hoy se traduce en una mejor relación con la Policía, el impulso al fortalecimiento de sus capacidades y herramientas para la aplicación de la ley, e incluso a aceptar que el crimen organizado acecha la ciudad, entre otras cosas.
Por tal razón, el resultado final del último Consejo de Seguridad no deja menos que desconcierto, pues se aprecia poco de lecciones aprendidas y mucho de alineación con el marco de seguridad ciudadana propuesto por el nuevo gobierno.
Más que una crítica a la alineación entre autoridades, que seguro busca dar un mensaje de integración ágil en esfuerzos y objetivos, el desconcierto surge del desbalance entre lo aprendido, lo urgente y lo prospectivo. De las 8 acciones priorizadas en el comunicado final de la cumbre, a lo sumo 3 contribuyen a la protección inmediata de los ciudadanos y al freno del proceso de estructuración del crimen local.
Lo anterior parece una renuncia tácita de López a su aprendizaje en cuestión de seguridad ciudadana –comprender que se debe enfrentar la crisis de inestabilidad, violencia y crimen de hoy mientras que se construye la seguridad del mañana–, así como el abandono de una ruta que la llevaría a un balance de seguridad aceptable al final de su mandato.
Aunque es innegable la importancia de desarrollar acciones para garantizar una seguridad sostenible en el futuro respaldada por una sociedad con oportunidades, incluyente, respetuosa de la ley y los derechos, dicho objetivo de largo plazo no será posible si en el presente no se ejerce una aplicación creíble de la ley, ni acciones y operaciones que nieguen espacios para la resiliencia criminal.
La misma alcaldesa lo reconoció así con su apoyo decidido a la ley de seguridad ciudadana aprobada en el Congreso en 2021, dejando en claro que un conjunto de mejoras normativas, de capacidades y de coordinación interagencial eran condición necesaria para la aplicación de la ley y la revitalización de su supremacía.
En este sentido, es preocupante que el “Consejo de Seguridad Humana” no dejara como resultado un plan de acción con decisiones concretas, en magnitud y plazo, respecto a las capacidades que se requieren para hacer realidad las intenciones de López en el marco de la ley de seguridad ciudadana y atender las necesidades actuales de la ciudad.
La limitada disponibilidad de recursos, sumada al incremento de necesidades de despliegue territorial que generará la subordinación de la seguridad a la agenda de paz definida por el gobierno nacional, hará que los compromisos gaseosos sobre policías, fiscales y operadores judiciales no vayan más allá de un anuncio.
Lo anterior no significa que los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de la seguridad en el futuro –mejoramiento social, alternativas para la aplicación de la ley, política de paz– no sean importantes. Pero sí que, de no debilitarse el sistema de crimen y violencia vigente, nunca llegará la seguridad de mañana.
El balance del “Consejo de Seguridad Humana” puede ser catastrófico para el resultado de la gestión de la seguridad al final del mandato de López. La ausencia de compromisos concretos de capacidades la deja sola en la lucha contra una violencia y un crimen materializados, para los que ya no es suficiente la prevención.
Y una vez terminado su mandato, abre la oportunidad para hacerla responsable del aumento de la inestabilidad, la criminalidad y la violencia por no haber advertido el curso crítico que tomaba la ciudad sin dichas capacidades.
Bogotá necesita mejores capacidades operativas y herramientas para la investigación, justicia y resocialización. En general, para garantizar que la ley está vigente y reafirmar que la protección de los ciudadanos es una prioridad de la administración.
La traducción exitosa del diálogo nación-distrito en capacidades operativas y acciones para la lucha contra el crimen y la violencia en el corto plazo será la prueba de que la ciudad apuesta por la construcción de una seguridad sostenible.
