Pese a la reducción de siete de los 12 delitos de alto impacto en la capital, el 77% de los capitalinos consideran que la inseguridad aumentó en 2022. Recuperar el espacio público, eliminar los distritos criminales, más pie de fuerza y reconstruir la confianza de la gente en la Policía, el camino.

Está claro que la reducción de delitos de alto impacto y la sensación de seguridad de los bogotanos no es una relación directamente proporcional. Eso es lo que se puede concluir de un informe de Probogotá Región, en el que analizaron los índices de criminalidad en la capital y evidenciaron cómo, a pesar de que en 2022 hubo una reducción en 7 de los 12 indicadores de delitos de alto impacto en la capital, el 77% de los capitalinos considera que la inseguridad aumentó en 2022. Las calles, los puentes peatonales y los parques son los entornos donde los habitantes aseguran sentirse más vulnerables ante la delincuencia.

La explicación, según la organización, es que fuera de que 2022 fue un año en el que la ciudad enfrentó el desafo del regreso definitivo a la normalidad, tras dos años de pandemia, “lo que representó tensiones propias de una sociedad en una difcil situación económica y una perspectiva de cercano plazo con inmensas dudas”, se presentaron desafos que impidieron reconectar la percepción con los resultados institucionales. Entre ellos, el deterioro del espacio público, la movilidad caótica, la consolidación de distritos criminales, el escaso pie de fuerza y la desconfianza de la ciudadanía en las autoridades.

Para llegar a estas conclusiones, el informe recopiló y analizó las cifras de los delitos ocurridos en 2022, año en el que, si bien los indicadores dejaron un balance positivo en cuanto a homicidios, delito con la tasa más baja en los últimos 61 años; el hurto a residencias (-9,6 %), a comercios (-8,7 %), de automotores (-14,5 %), de motocicletas (-3,8 %), de bicicletas (-9,3 %) y extorsión (-12,6 %), los retos persisten en otros delitos como el hurto a personas (aumentó 26 %), lesiones personales (2 %), delitos sexuales (20 %) y violencia intrafamiliar (24,5 %).

En el informe, hicieron especial énfasis en la preocupación por el aumento del secuestro (delito que se había reducido al mínimo), el cual creció 87,5 %. Para la organización, esto tendría relación con la pérdida de control territorial de las autoridades. “Si bien, hubo disminución de los registros de extorsión, los datos se contradicen con las denuncias ciudadanas sobre la masificación de este delito, principalmente en áreas donde las protestas de 2021 fortalecieron a bandas locales del crimen, como Kennedy, Usme y Ciudad Bolívar”, dice el informe.

Análisis

Tras revisar las cifras, Probogotá, identificó dos factores clave que ayudaron a la mejoría de algunos indicadores. “Primero, la comprensión de que el estado permanente de conflictividad entre ciudadanos e instituciones causaba un daño directo a la gestión y la legitimidad de las autoridades distritales. En segundo, la restitución del liderazgo a la Secretaría de Seguridad”. No obstante, destacó, que no fueron suficiente para devolverle la confianza a la ciudad y recuperar la alianza entre instituciones y ciudadanos contra el crimen.

Según César Restrepo, director de seguridad urbana de Probogotá, hay varias causas detrás de esto. “El espacio público anárquico, sin reglas; el fortalecimiento de distritos del crimen, a los ojos de la ciudadanía, sin que nadie los debilite; un pie de fuerza críticamente insuficiente, y el no haber podido recuperar la confianza entre Policía y ciudadanos, que destruyó la alcaldesa en sus primeros años de gobierno. Esos son determinantes de la sensación de inseguridad y son factores dinamizantes de fenómenos criminales como el hurto a personas, la extorsión y el sicariato”.

El déficit de policía tuvo una consideración particular, al considera que la ciudad sigue “evadiendo la realidad de que una fuerza de seguridad, con un déficit de al menos 10.000 uniformados, es el punto de partida para comprender que no hay modelación y valoración realista del costo del ecosistema de seguridad que exige una megaciudad y su región circundante”, agregó.

Bajo este panorama, el informe emitió 21 alertas tempranas en temas de gestión, servicios y fenómenos que podrían seguir comprometiendo la seguridad de la capital, entre ellas, el desorden urbano; el hacinamiento de cárceles (en las tres cárceles manejas por el Inpec en la capital se registra un hacinamiento del 16,5 %); la poca confianza institucional, entre otros, situaciones que sugieren atender para mejorar la percepción de seguridad. “La percepción y el contexto de seguridad se construyen con base en el control y orden en el espacio público; la aplicabilidad de la ley y el respeto a las normas de convivencia, incluyendo aquella al interior de comunidades y hogares. Estas tres dimensiones están lejos de constituir un entorno apto para el desarrollo de una sensación de seguridad positiva”.

De esta manera, recomendaron ajustar el concepto de seguridad con base a criterios territoriales; de capacidades y servicios para mejorar el desarrollo de la ciudad, y su confiabilidad. “El Distrito debe usar su liderazgo en la Región Metropolitana para convocar el desarrollo de una visión estratégica bajo el concepto de seguridad integral, que articule a la gestión de asuntos de criminalidad, violencia e incivilidades, aquellos relacionados con seguridad vial, atención de emergencias, gestión de desastres, protección ambiental y de infraestructura crítica”.

Para defender los resultados en seguridad de 2022 y los que se puedan dar en adelante, dice el estudio, se deben corregir estos aspectos, para recuperar la confianza entre ciudadanos y generar un círculo virtuoso en el que las cifras vayan de la mano con la percepción”, concluye.