El asesinato de 36 policías en estado de indefensión y como resultado de ataques arteros –muchas veces por la espalda – durante el mes de julio, trajo de regreso la oscuridad de principios de la década de los 90 en la que la vida de un funcionario policial respondía a una tabla de precios en el mercado criminal.
Aunque el eufemístico “Plan Pistola” se ha evidenciado a lo largo de 30 años de lucha contra el crimen, la similitud con el final del siglo XX y la gravedad de su significado radica en que esta campaña asesina empieza a dejar claro que mientras que los cuerpos de seguridad del Estado se van quedando solos, la criminalidad avanza en un proceso libre de empoderamiento y consolidación.
¿Qué condujo a los colombianos a estar de nuevo frente al camino de la oscuridad criminal y el sufrimiento ciudadano? Una combinación de errores institucionales, intereses políticos y una ciudadanía a merced de los espejismos criminales.
Desde lo institucional, una lectura fallida de los desafíos para la construcción de estabilidad, seguridad y paz traducida en debilitamiento de capacidades operativas e inteligencia, permitiéndole al crimen recomponer su financiación, recuperar espacios rurales y urbanos, controlar comunidades e imponer narrativas disfrazadas de conflicto social y debilidad institucional.
Prueba de lo último es el uso ordinario por parte de funcionarios del término “Plan Pistola”, un inmenso error comunicacional que invisibiliza la gravedad de la ejecución de un servidor público y la normaliza ante los ciudadanos. Algo similar al nefasto posicionamiento del microtráfico y micro-extorsión, que convirtió estos delitos en asuntos menores entre la sociedad. Narrativa criminal que debilita el imperio de la ley.
De otra parte, está la instrumentalización de la legitimidad de los organismos de seguridad como vehículo para obtener poder político. Después del acuerdo con las FARC, numerosos líderes políticos decidieron convertir a la Fuerza Pública en el enemigo de los colombianos. Un ejercicio que no busca resolver problemas del servicio de seguridad, sino que enfrenta a ciudadanos con sus instituciones otorgándole al crimen ventajas estratégicas.
Llama la atención que aquellos que denuncian la creación del “enemigo interno” como determinante del conflicto armado en Colombia, sean los principales auspiciadores de la creación de un enemigo interno – las instituciones – para acceder al poder.
También hay que hablar de la falta de una relación constante, directa, trasparente y corresponsable entre instituciones y ciudadanos. Un diálogo clave para neutralizar la instrumentalización política de la seguridad. La distancia entre servidores públicos y ciudadanos crea espacios para el debilitamiento del imperio de la ley y la legitimidad institucional. Un terreno fértil para convertir la ejecución de un servidor público en un acto ordinario y ajeno a la mayoría de los ciudadanos.
La protección de la vida y honra de cada policía se construye a partir del conocimiento ciudadano del papel que este juega en el resguardo de un ambiente apto para el ejercicio de sus derechos, libertades y la vigencia del imperio de la Ley. Asimismo, con su comprensión de los factores y circunstancias que determinan la ocurrencia de una falla en el servicio de policía. Cuando se descuida esta relación, la institucionalidad queda a merced de agentes políticos sin interés en el bienestar de la ciudadanía y a criminales que quieren someterla.
La interrelación de estos tres conjuntos de factores críticos ha causado efectos catastróficos que empezaremos a experimentar paulatinamente. Las víctimas más tempranas son las familias de los servidores policiales, quienes hoy han perdido su libertad por el riesgo de asesinato físico o moral de sus familiares policiales.
Asimismo, el desamparo institucional y los señalamientos ciudadanos harán que la carrera policial quede en manos de aquellos que, no importando el costo y riesgo de vestir el uniforme, encuentran en el servicio la oportunidad para ejercer acciones individuales o coordinadas de crimen. Para mayor claridad, se irá marchitando la vocación de servicio que caracteriza hasta ahora a la inmensa mayoría del cuerpo policial.
La destrucción de la moral también impacta el presente. Sería lógico que el personal actualmente en servicio se vea empujado a una postura de inacción como única salida para sobrevivir a la desprotección física, profesional y jurídica. La voluntad de servicio y sacrificio personal debilitada por la certeza de que honrar el mandato constitucional es una condena contra su vida, su honra y su familia.
Los colombianos debemos hacer un alto en el oscuro camino que hemos emprendido. La ley y el orden no son moneda de transacción política. De su vigencia depende absolutamente el ejercicio libre de nuestros derechos, la protección de nuestras vidas y la conservación de nuestras libertades.
La ejecución de un policía es un atentado frontal a la democracia. Asesina a sus familiares y a la sociedad. Es un eslabón de la cadena que nos someterá al imperio del crimen. Un atentado a la constitución y el orden legal.
Normalizar el asesinato de un policía hoy es aumentar el riesgo del asesinato propio mañana.
