ProBogotá advierte que no es deseable que el Plan de Ordenamiento Territorial se adopte por decreto.
La semana pasada fue radicado el proyecto de Acuerdo del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) en el Concejo. Con esta propuesta, la Administración Distrital se acerca a su objetivo de concretar la revisión ordinaria del POT vigente (Decreto 190 de 2004) que era una de las metas de su Plan de Desarrollo y además una obligación legal, pues el ordenamiento jurídico conmina a las entidades territoriales a revisar el POT cada doce años. El que tenemos está vencido desde 2016 y tocaba, por lo tanto, revisarlo.
Revisar un plan, sin embargo, no implica necesariamente reescribirlo en su totalidad. Menos aun cuando se trata de un plan que se refiere, en buena parte, a una historia que ya está escrita: la de la ciudad construida, que es casi toda y que, si bien requiere en ciertos sectores incentivar cambios y en otros tan solo regularlos, en general, y de nuevo, ya está concebida. Por eso el pragmatismo de otras ciudades en el mundo en cuanto al alcance de sus revisiones.
La dinámica Nueva York, que siempre está en obra aquí y allá, tiene su código de urbanismo vigente desde 1961. Cuando las condiciones cambiantes lo justifican, se realizan enmiendas parciales para mantener un uso racional del suelo. Por otro lado, la icónica y patrimonial París, como todas las ciudades francesas, realiza modificaciones marginales a su plan cada vez que lo necesita, y revisiones estructurales solo cuando realmente lo requiere. Eso sí, cuando Nueva York o París requieren revisiones de sus planes, el objeto de dichas revisiones se discute a través de procesos complejos y sofisticados de consulta pública y política.
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En estas ciudades, cada modificación requiere amplia justificación, por lo que los planes nunca se reescriben, siempre se enmiendan en mayor o menor grado. Por lo mismo, el Zoning Regulation de Nueva York o el Plan Local d’Urbanisme de París no apelan a documentos reglamentarios de segundo y tercer nivel para garantizar su aplicabilidad. Las normas en ellos contenidas son las que son: diáfanas y definitivas.
Además, su contenido normativo se limita al espacio que no es público: esto es, el espacio edificado o destinado a serlo. Cuando Nueva York o París se refieren al espacio público en sus documentos de urbanismo, es únicamente para definir las reglas de edificabilidad del suelo privado, a partir de las cuales se producirá nuevo espacio público.
El proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial presentado esta semana es bien distinto, pues -como lo definió la ley 388 de 1997- es un compendio de políticas destinadas a los próximos administradores públicos, y de normas destinadas a quienes solicitarán o expedirán licencias de construcción y urbanismo.
Algunas disposiciones son de largo plazo y otras de corto plazo; algunas sobre el espacio público y otras sobre el espacio destinado a edificarse; algunas -y esto es una particularidad de este nuevo POT- se refieren incluso a los arreglos institucionales necesarios para garantizar la operabilidad del plan.
Desafortunadamente, y a pesar de sus más de 500 artículos, el proyecto de Acuerdo POT no es todavía un marco completo de reglamentación urbanística. Para serlo, requerirá múltiples decretos reglamentarios, manuales, cartillas, planes maestros y categorizaciones, a expedir por múltiples entidades.
Además, la administración distrital ha considerado necesario escribir una película completamente nueva en términos de ordenamiento territorial: desde la redefinición de la pauta de relacionamiento con los municipios vecinos, que pasó de evitar la conurbación de la ya macrocefálica Bogotá-Soacha a organizarla, formal y operativamente, con 6 municipios adicionales-, hasta un cambio total de paradigma sobre las normas de edificabilidad, que en adelante serán objeto de variabilidad asociada al pago de cargas opcionales, pasando por la desaparición de las llamadas Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), sustituidas por zonas homogéneas.
Este POT, por lo tanto, plantea un debate trascendental, no marginal, sino estructural, pues trazará el modelo del desarrollo urbanístico que tendrá la ciudad-región, afectando de plano la vida económica, social y el espacio vital de quienes habitamos y habitaremos este altiplano por las próximas décadas. ¿Estará listo el Concejo Distrital para dar ese debate?
Es importante que, a pesar de la coyuntura electoral, el cabildo organice las condiciones para identificar rápidamente los consensos y, a través de una discusión con altura, dirima los disensos.
ProBogotá Región está más que dispuesta a ayudar -como sea útil hacerlo- para que, en los próximos 90 días, acordemos el Plan de Ordenamiento Territorial, mejorándolo en la instancia que la ley ha definido para ese fin: el Concejo Distrital. No es deseable que el instrumento de planeación urbana de la ciudad termine siendo adoptado por decreto. Tenemos que ser capaces de dar un debate serio y consensuar, juntos, el futuro de Bogotá.
