Colombia, 7 de julio de 2026. Una vez concluido el proceso electoral y declarados oficialmente sus resultados por las autoridades competentes, corresponde a todos los actores públicos contribuir a la preservación de la confianza ciudadana en las instituciones que garantizan el ejercicio democrático. La fortaleza de una democracia depende de que sus reglas sean respetadas antes, durante y después de las elecciones.

En un Estado de Derecho, cualquier cuestionamiento sobre un proceso electoral debe presentarse y resolverse por los canales institucionales previstos en la Constitución y la ley. Resulta especialmente preocupante que el Presidente de la República desconozca públicamente la legitimidad del presidente electo Abelardo de la Espriella, y afirme que otro candidato fue el verdadero ganador de la elección sin que exista un pronunciamiento de las autoridades competentes sobre las denuncias formuladas.

Frente a este escenario, desde la Red PRO hacemos un llamado a que las controversias electorales se tramiten con respeto por la autonomía de las autoridades electorales y judiciales, respetando la legitimidad de las instituciones y la confianza en las reglas democráticas.

Colombia enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad, crecimiento económico, competitividad, educación y cohesión social. Superar estos retos requiere proteger la estabilidad institucional, fortalecer la confianza en las reglas democráticas y garantizar una transición de gobierno dentro del marco constitucional.

Todos los actores políticos, institucionales y sociales deben respetar los resultados oficialmente declarados, reconocer el papel de las autoridades encargadas de garantizar el proceso electoral y acudir exclusivamente a los mecanismos previstos en la Constitución y la ley para presentar y resolver cualquier controversia.