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La Presidenta de ProBogotá explicó los pormenores del pronunciamiento emitido en torno a las condiciones mínimas necesarias de cara a la campaña presidencial de 2026.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son los factores principales que, según el análisis de la Red Pro, comprometen hoy la integridad del proceso democrático de cara a las elecciones de 2026?

MARÍA CAROLINA CASTILLO: El análisis de la Red Pro identifica una convergencia de factores que, en conjunto, erosionan las condiciones básicas de la competencia democrática: la persistencia de la violencia política, las sospechas de vigilancia ilegal, las tensiones con los contrapesos institucionales y decisiones de seguridad que debilitan la presencia efectiva del Estado en los territorios.

Esta acumulación de señales —lejos de ser hechos aislados— configura un entorno de incertidumbre que compromete la equidad electoral y la confianza ciudadana en que el proceso de 2026 se desarrollará bajo reglas claras, estables y respetadas.

ENS: ¿Cómo incide el actual deterioro de la seguridad en los territorios en la libertad de los ciudadanos para elegir sin miedo en la próxima contienda?

MCC: El deterioro de la seguridad tiene un efecto directo sobre la libertad política: cuando actores armados o estructuras criminales mantienen control territorial, se restringe la participación, se condiciona el voto y se limita la acción de campañas y liderazgos locales.

La Red Pro advierte que sin garantías de seguridad para candidatos y ciudadanos, el debate público se reduce y la confianza en el proceso electoral se debilita, en línea con alertas de la Misión de Observación Electoral que han documentado cómo la violencia y la coacción territorial afectan la transparencia y la libertad del voto en distintas regiones del país.

ENS: Ante las versiones sobre interceptaciones ilegales, ¿qué mecanismos de control y trazabilidad propone la Red Pro para que la inteligencia del Estado no se use como herramienta política?

MCC: Frente a las denuncias sobre posibles interceptaciones y seguimientos, la Red Pro plantea un principio claro: la inteligencia del Estado debe operar exclusivamente bajo marcos legales estrictos, con trazabilidad verificable, control institucional efectivo y responsabilidades definidas.

Esto implica esclarecer los hechos por vías formales, garantizar supervisión de los organismos de control y evitar que estas prácticas se diluyan en la polarización, reafirmando que cualquier uso indebido de información sensible debe investigarse con rigor para proteger la integridad del proceso democrático.

ENS: ¿De qué manera el cuestionamiento público a la autonomía del Banco de la República afecta la confianza en las reglas de juego y los contrapesos constitucionales?

MCC: El cuestionamiento público a la autonomía del Banco de la República trasciende el debate económico y entra en el terreno institucional: cuando se intenta politizar una entidad técnica diseñada como contrapeso, se debilita la credibilidad de las reglas y se envía una señal de inestabilidad sobre el respeto a la arquitectura constitucional.

La Red Pro advierte que convertir a estos órganos en actores de confrontación política desordena el debate público y erosiona la confianza en los mecanismos que garantizan equilibrio y previsibilidad en el sistema democrático .

ENS: ¿Qué riesgos identifican en que los diálogos de la ‘Paz Total’ se adelanten sin marcos jurídicos claros?

MCC: Aquí la evidencia es particularmente crítica: la MOE documenta que los procesos de negociación con grupos armados —como Eln o disidencias— coinciden con escenarios de fragmentación e incluso intensificación de la violencia en distintos territorios, lo que incrementa el riesgo de injerencia directa en las elecciones.

Esto se traduce en control territorial, presión sobre liderazgos locales y posibles alteraciones en la participación electoral. En ese sentido, como advertimos desde la Red Pro, adelantar estos diálogos sin marcos jurídicos claros no solo genera inseguridad jurídica, sino que puede abrir la puerta a una captura parcial del proceso democrático en regiones donde el Estado pierde capacidad efectiva.

ENS: ¿Cuál es el llamado puntual al Gobierno para asegurar la neutralidad institucional y la igualdad de condiciones entre las candidaturas presidenciales?

MCC: Nuestro llamado es directo: rodear las instituciones, esclarecer con prontitud los hechos que generan alarma pública, corregir decisiones que incrementan la incertidumbre democrática y garantizar que la campaña presidencial se desarrolle bajo condiciones de seguridad, legalidad y neutralidad estatal.

En esencia, se exige asegurar reglas de juego equitativas para todas las candidaturas, con presencia efectiva del Estado en los territorios y pleno respeto por los contrapesos, de modo que el voto ciudadano pueda ejercerse libremente y sin presiones.

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Un llamado a garantizar seguridad y legalidad en las elecciones: Castillo

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