Bogotá D.C., 31 de marzo de 2026 — En cumplimiento de los artículos 371, 372 y 373 de la Constitución Política y del artículo 16 de la Ley 31 de 1992, es fundamental recordar que la misión primordial del Banco de la República es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda.

Las decisiones del Banco buscan proteger el patrimonio de los ciudadanos mediante su función monetaria, orientada a evitar que la inflación erosione el valor de los salarios y los ahorros. Cuando el Banco ejerce su función técnica e independiente, garantiza que el dinero que los colombianos obtienen con su esfuerzo conserve su poder de compra, evitando que el aumento del costo de vida profundice la pobreza y deteriore el patrimonio de los hogares.

En este contexto, resulta altamente preocupante el anuncio del señor Ministro de Hacienda, doctor Germán Ávila Plazas, quien ha manifestado su intención de dejar de cumplir sus funciones como Presidente de la Junta Directiva del Banco de la República.

Esta decisión no solo debilita la institucionalidad de la máxima autoridad monetaria, sino que también pone en riesgo la confianza de los mercados y la estabilidad de precios, que es clave para la protección de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. El ejercicio de esta función por parte del titular de la cartera de Hacienda y Crédito Público no es discrecional, sino un mandato constitucional ineludible para garantizar el equilibrio financiero de la Nación.

Ante la gravedad de esta postura, se hace un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que ejerza de manera inmediata su función preventiva. Es necesario que el ente de control inste al Ministro Ávila al cumplimiento estricto de sus deberes legales y constitucionales.

La preservación de la autonomía del Banco de la República y la participación de sus directivos en las deliberaciones técnicas son condiciones indispensables para contener el impacto de la inflación sobre el patrimonio de los ciudadanos. La estabilidad de la moneda es un bien público que no puede quedar sujeto a la voluntad individual de un funcionario.