La organización regional sostuvo que la decisión del Tribunal no es un revés a la protección del agua, sino un llamado a corregir vacíos jurídicos en el instrumento impulsado por el Ministerio de Ambiente. Según ProBogotá, el Ministerio no ha resuelto asuntos de fondo que generan incertidumbre jurídica y podrían trasladar el conflicto a la etapa de implementación

La discusión sobre el futuro de la Sabana volvió a escalar a los estrados judiciales y al debate público. Tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de mantener la medida cautelar que frena la adopción de las Directrices Ambientales impulsadas por el Ministerio de Ambiente, el Gobierno anunció recursos ante el Consejo de Estado y defendió un proceso que, según la ministra (e) Irene Vélez Torres, cumplió las órdenes judiciales y contó con una amplia participación ciudadana. anunciada.

Pero mientras el Ministerio insiste en que “la vida no es negociable” y en que la Sabana es un ecosistema que debe ordenarse alrededor del agua, desde el sector empresarial y técnico surgió una respuesta que reorienta el foco del debate: no se trata —afirman— de oponerse a la protección ambiental, sino de exigir claridad jurídica, respeto por las competencias territoriales y reglas de transición que eviten un choque institucional.

En esa línea se pronunció ProBogotá Región, que respaldó la decisión del Tribunal y planteó que el debate de fondo sigue abierto.

El debate no es ambiental, es jurídico

Para ProBogotá, en la Sabana existe consenso sobre la necesidad de ordenar el territorio alrededor del agua, un proceso que —recuerdan— se viene construyendo desde la sentencia de 2014 del Consejo de Estado que ordenó el saneamiento del río Bogotá. El desacuerdo actual, sostienen, no es sobre la urgencia ambiental, sino sobre la forma en que se pretende adoptar el instrumento.

“La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de no levantar la medida cautelar se fundamenta en problemas estructurales del instrumento propuesto por el Ministerio de Ambiente, no en una falta de conciencia ambiental ni de participación”, señaló la organización.

El punto central, advierten, es que el Ministerio no ha resuelto asuntos de fondo que generan incertidumbre jurídica y podrían trasladar el conflicto a la etapa de implementación.

Entre esos temas está la competencia en materia de uso del suelo, que, de acuerdo con el artículo 311 de la Constitución, recae en los municipios. Para ProBogotá, cualquier instrumento de alcance regional debe armonizarse con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y respetar la autonomía local.

La metamorfosis del instrumento

Otro de los cuestionamientos apunta a la naturaleza jurídica de las Directrices. Según ProBogotá, el instrumento inició su trámite como “lineamientos”, fundamentados en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, pero en el camino pasó a convertirse en “directrices”, con sustento en el Plan Nacional de Desarrollo.

Esa transformación, advierten, no precisó con claridad su jerarquía normativa frente a los POT, los POMCA y otros instrumentos ambientales vigentes en la Sabana, lo que podría generar conflictos de aplicación.

A juicio de la organización, ordenar el territorio alrededor del agua exige reglas claras y coherentes, no ambigüedades que puedan derivar en litigios prolongados o en parálisis de proyectos estratégicos para la región.

También cuestionan el régimen de transición planteado, que, según su análisis, no contempla compensaciones para actividades que hoy cuentan con respaldo legal bajo los principios de confianza legítima y buena fe. Sin ese componente, advierten, podrían afectarse inversiones en curso y planes de infraestructura necesarios para una región que concentra más de 10 millones de habitantes.