El debate sobre el ordenamiento territorial en Colombia volvió a tomar fuerza luego de que ProBogotá Región advirtiera sobre los riesgos que podrían acarrear las recientes reformas impulsadas por el Gobierno Nacional en materia de uso del suelo, planeación y manejo ambiental, que afectaría a los municipios y departamentos.
Si se modifican, según ellos, se podría debilitar el modelo de descentralización que ha guiado la organización del Estado colombiano durante las últimas tres décadas, razón por la cual dejan claro que no es un cambio que se pueda dar a la ligera y requiere mayor consenso con las autoridades regionales.
El documento examina en detalle una serie de decretos y resoluciones emitidas por el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y otras entidades del Gobierno, entre ellas aquellas que crean las llamadas Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) y los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM).
Con base en sus hallazgos, sostienen que estas figuras, aunque presentadas como instrumentos para fortalecer la soberanía alimentaria y proteger las áreas rurales, fueron implementadas sin un proceso adecuado de concertación con los municipios y departamentos.
ProBogotá advierte que la expedición de estas normas invade el margen de decisión que la Constitución Política otorga a las autoridades locales, particularmente a los concejos municipales y alcaldías, que son los encargados de definir los usos del suelo a través de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).
