Aunque el propósito de la norma era reforzar la seguridad alimentaria y preservar tierras productivas, según ProBogotá, “en la práctica, el artículo 32 impone un esquema de planificación rígido de zonas exclusivas donde el gobierno define qué se cultiva y en qué tierra, lo que restringe el uso del suelo a cualquier otra actividad. La realidad es que esta figura pone en riesgo la autonomía de los territorios: recordemos que la Constitución establece que los consejos municipales y alcaldías son los encargados de definir y reglamentar los usos del suelo, no el Gobierno Nacional“, afirma la entidad.