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Después de la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991 el Estado colombiano asumió un papel más relevante para sus ciudadanos en lo relacionado con la garantía de derechos fundamentales. Esa crucial transformación hacia uno Social de Derecho tuvo implícito que el diseño de las políticas públicas debería fomentar decididamente, no solo igualdad y equidad en términos jurídicos, sino también la transformación de la protección social de los habitantes del país. Como resultado de su desarrollo, mediante leyes discutidas y aprobadas en el Congreso, los acuerdos del Constituyente se materializaron progresivamente en mayor gasto del Gobierno nacional (GN). De esta manera, entre 1992 y 1995 se hicieron las primeras reformas sociales que definieron los nuevos modelos de la protección social y que incluyeron, principalmente, asuntos laborales, pensionales y de salud, los cuales han tenido ajustes a lo largo de estos 30 años.

Estos cambios vinieron acompañados por un impacto directo en las finanzas públicas del GN porque se incrementó el gasto social con un ritmo superior al de los ingresos. Es decir, el recaudo tributario y los otros ingresos (dividendos de las empresas de propiedad del GN) no resultaron suficientes para cubrir las necesidades de los esquemas sociales y, en general, de la inversión pública en las últimas tres décadas. En palabras sencillas, el crecimiento económico no ha logrado ser suficiente para financiar esas transformaciones sociales que vinieron después de la Constitución de 1991.

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