Las recientes reformas del Gobierno nacional de Colombia en materia de ordenamiento territorial han debilitado la autonomía de las entidades territoriales, los derechos de propiedad y la seguridad jurídica. La implementación de figuras como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), mediante resoluciones ministeriales en lugar de leyes orgánicas, centraliza la toma de decisiones y limita la capacidad de los municipios para definir el uso de su suelo. Esto contraviene la Constitución, que otorga a los concejos municipales la competencia para el ordenamiento territorial. Además, estas medidas no consideran las realidades sociales y económicas de cada región, imponen restricciones al uso del suelo que afectan los derechos de propiedad privada y no promueven una adecuada participación de las comunidades locales en los procesos de planificación.
El Decreto Ley 1094 de 2024 (Autoridad Territorial Económica y Ambiental – ATEA), el Decreto 780 de 2024 (Territorios Campesinos Agroalimentarios – TECAM), el Decreto 044 de 2024 (Reservas de Recursos Naturales de Carácter Temporal) y el Decreto 1147 de 2024 (Zonas de Reserva Campesina – ZRC), en conjunto, generan incertidumbre jurídica, ya que carecen de procedimientos claros y mecanismos de coordinación efectivos con otras entidades territoriales y la legislación nacional. El Decreto 044, por ejemplo, permite la declaración de reservas sin estudios técnicos previos y limita la participación ciudadana. Esta falta de transparencia y el uso de decretos para regular asuntos que requieren de un debate legislativo más amplio y democrático, ponen en riesgo la estabilidad institucional y la confianza en el Estado de Derecho.
La agenda del Gobierno, si bien busca proteger recursos naturales y derechos de los campesinos, ha adoptado un modelo de planificación centralizado que subordina las prioridades locales a intereses nacionales, lo que erosiona la autonomía de los municipios. Las reformas, al imponer restricciones sin compensación ni coordinación, no solo impactan los derechos fundamentales y la libre competencia, sino que también pueden comprometer la inversión y el desarrollo productivo, especialmente en sectores estratégicos para la economía como la minería y la agricultura. Cualquier futura regulación del ordenamiento territorial debe realizarse a través de leyes orgánicas que garanticen la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad y la participación de los entes territoriales y las comunidades.
