La pandemia del Covid-19 generó grandes presiones al sistema de salud y a la economía de la ciudad, manifestándose en un deterioro de la capacidad de generación de ingresos y poniendo a prueba la sostenibilidad de la oferta de servicios estatales. La crisis sanitaria y las decisiones de política pública para enfrentarla impactaron  todos los ámbitos de la gestión, incluso el de la seguridad ciudadana.

La celebración de una caída histórica en los delitos y la violencia justo al inicio del confinamiento, el deterioro de la seguridad de los biciusarios, las acciones contra locales comerciales y el hurto en unidades habitacionales, hasta el incremento de la violencia de la delincuencia común contra sus víctimas ciudadanas.

En ese escenario complejo quedaron en evidencia debilidades del sistema de seguridad y respuesta humanitaria de la ciudad para dar respuesta a los desafíos de hechos sobrevinientes que afectan a casi 8 millones de habitantes y a los de los municipios vecinos de manera simultanea.

Una realidad con efectos significativamente negativos en la gestión de la seguridad, representados en el desgaste de la capacidad de respuesta policial y de la cohesión entre la institución y los ciudadanos.