Aumento del dispositivo policial, clave para recuperar la confianza ciudadana y derrotar el crimen.
En el anterior debate electoral, ProBogotá Región, la Andi y Fedesarrollo indicaron la necesidad de incorporar 10.000 policías adicionales a los 18.000 desplegados por la Nación para Bogotá, con el fin de superar la tasa de 237 por 100.000 habitantes, inferior a la media global de 300 estimada por la ONU.
Asimismo, la intensificación del trabajo en prevención, justicia, resocialización, reintegración y el desarrollo robusto e integración de capacidades tecnológicas. El déficit de pie de fuerza en una ciudad con más de 7,5 millones de habitantes representa una debilidad estructural. La ciudad cuenta en promedio con 6.500 efectivos por turno, endeble control de las calles y restringida respuesta a los ciudadanos, que empeora cuando se dan eventos especiales. Si bien los centros de comando y control, así como el despliegue de medios tecnológicos, son multiplicadores del pie de fuerza en el control de espacios urbanos y la provisión de seguridad, la disponibilidad limitada de capacidades humanas disminuye su efectividad en la protección de los derechos, y aumenta a la vez el descontento y la desconfianza de los ciudadanos.
Un pie de fuerza deficitario afecta las tareas de prevención –definitivas para una convivencia y seguridad sostenible– ante la necesidad de priorizar la atención de incidentes y delitos dispersos en un territorio con coberturas limitadas. También impacta en el control interno y la contrainteligencia, aumentando los riesgos contra la integridad institucional y reputación entre los ciudadanos.
Esta semana, la alcaldía anunció que apoyará la adición de 1.000 policías a la vigilancia de las troncales de TransMilenio, financiada con aportes voluntarios del 10 % del impuesto predial. Este es un proyecto que se enfrenta a las limitaciones de la nación en provisión de policías como lo demuestra la disminución en más de 15.000 efectivos en los últimos tres años y que demanda un plan sostenible para la preservación en el tiempo del aumento del pie de fuerza.
Dado lo anterior, una iniciativa realista y sostenible para superar el déficit policial sería la financiación mediante recursos distritales de una planta con dedicación exclusiva a la jurisdicción durante 20 años –ciclo profesional– bajo el mando operacional de la Policía Nacional. Asimismo, la definición de un plan de ciudad enfocado en investigación criminal, policía comunitaria, vigilancia, contrainteligencia y planes operativos con visión local-regional.
Esto demanda desarrollar un marco normativo y de política pública –que hoy no existe– que debería concitar el mayor interés del Gobierno Nacional y del Gobierno Distrital. El aumento del dispositivo policial es clave para recuperar la confianza ciudadana y derrotar el crimen. Conseguirlo exige un plan que garantice un esfuerzo sostenido y sostenible para hacer de Bogotá una ciudad más segura y confiable.
