Los bogotanos califican en 6.5 sobre 10 su satisfacción por la seguridad en los lugares que frecuentan y 7.4 en sus barrios. Esta calificación representa, más allá del temor causado por crímenes y violencia, la sensación que les deja su vida íntima y su relación con la ciudad.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) acaba de publicar la Encuesta Multipropósito Bogotá-Cundinamarca 2021, una herramienta dirigida a identificar las claves para el diseño de políticas públicas que mejoren las condiciones socioeconómicas de los entornos urbanos y el nivel de vida de los ciudadanos.
La encuesta abarcó 107.119 hogares encuestados en Bogotá y 21 municipios circundantes, con un alcance de más de 290.000 ciudadanos, le permitió a esa entidad recolectar información sobre personas, hogares y viviendas, definiendo las características de la ciudad región.
Dado que la seguridad se construye a partir de la gestión de dinámicas sociales, la provisión de bienes y servicios públicos, la protección física de los ciudadanos y la aplicación de la ley, los asuntos observados por esta encuesta permiten identificar factores estructurales con capacidad de desencadenar comportamientos criminales, violentos o incívicos.
Un primer dato clave es la configuración habitacional de la ciudad capital. El 60,7 % de las viviendas Bogotanas en el área urbana son apartamentos, 35,7 % casas y 3,6 % cuartos. Esta última asociada a niveles críticos de vulnerabilidad social y económica, muchas veces relacionada con hogares de ciudadanos migrantes en proceso de integración.
Para la definición del despliegue de seguridad, la estructura de vivienda es un determinante clave. Una ciudad configurada a partir de vivienda desarrollada en altura con altas densidades confirma la necesidad de reflexionar sobre la utilidad de un sistema de seguridad fundamentado en Centros de Atención Inmediata –CAI– y la naturaleza de los cuadrantes.
Lo anterior debido a los efectos potenciadores que la vivienda horizontal tiene en la desocupación del espacio público, el aumento del riesgo y los conflictos en las unidades habitacionales, así como las limitaciones para la protección y vigilancia pública dentro de estas. Esto demanda el desarrollo de una malla robusta de protección y seguridad que resulte de la integración entre seguridad pública, seguridad privada y ciudadanos.
De otra parte, la encuesta indaga por elementos incluidos en el entorno con efectos dañinos sobre los integrantes de su hogar. En ese sentido, el 20,7 % de los ciudadanos indicaron que los expendios de drogas los afectan, 15,2 % fábricas e industrias, y 11,5 % bares y discotecas.
Estos tres elementos urbanos comparten un significante común: el sentido de desprotección. Otras encuestas y trabajo de campo permiten indicar que estas infraestructuras y negocios aumentan la percepción ciudadana de control criminal sobre las comunidades, connivencia entre autoridades y delincuentes, desorden del espacio público, movilidad caótica, convivencia conflictiva, proliferación de entornos urbanos deteriorados,
Esto confirma los focos donde se deben incrementar los esfuerzos operacionales y la necesidad de contar con planes de seguridad locales que brinden respuestas diferenciales, con el fin de superar factores que incrementan la percepción de inseguridad y ofrecer servicios que aumenten la confianza ciudadana.
Otro hallazgo clave de este estudio es el crecimiento de los hogares unipersonales, que alcanzaron un 19,3 % del total, siendo las localidades del centro las de mayor porcentaje con indicadores superiores al 30 %. Esto impone retos considerables para la vigilancia del espacio público y de las unidades habitacionales debido a las dinámicas de desocupación que esta nueva realidad configura.
De otra parte, la jefatura del hogar en cabeza de mujeres pasó de 40,1 % en 2017 a 45,9 % en 2021. En una ciudad que busca multiplicar la inclusión de las mujeres en el mercado laboral y en educación, la oferta de servicios sociales y de seguridad para proteger a sus familias se convierte en una prioridad de acuerdo con estos resultados. Asimismo, el trabajo especializado de inteligencia y prevención para el desmantelamiento de organizaciones dedicadas al crimen con directa incidencia sobre niños, niñas y adolescentes.
Sobre el compromiso ciudadano con la construcción de seguridad, solo el 0,3 % de los encuestados en el área urbana de la ciudad dijo hacer parte de una organización comunal, barrial o de seguridad y el 0,2 % en una de propiedad horizontal.
Teniendo en cuenta que la administración de la ciudad ha puesto un esfuerzo considerable en el impulso de las denominadas “Redes Cuidadanas”, este resultado obliga a evaluar estrategias para aumentar la integración ciudadana en la construcción de seguridad y confianza. Una ciudadanía apática y desconectada de las autoridades es garantía de un crimen fortalecido.
Resolver los desafíos de seguridad de la ciudad – región y dar el salto a un ambiente de seguridad competitivo y sostenible requiere de una investigación permanente sobre los factores que impulsan la desconfianza de los ciudadanos y facilitan la ocurrencia de crímenes y violencia.
Para lograrlo, la administración distrital y la sociedad civil deben aumentar la aplicación de estas herramientas de recolección de información y profundizar en la estructuración de respuestas a las preguntas más críticas que se deriven de la gestión ordinaria de la seguridad, la convivencia y la justicia.
