El deterioro de la seguridad en Bogotá es resultado de una falta de estrategia a nivel nacional frente al crimen organizado, al mercado de las drogas, y a una “Paz Total” que debilitó las capacidades del Estado para enfrentar al crimen, la delincuencia y la violencia que estas generan. Este panorama, que hoy sienten los ciudadanos, es justamente lo que analizamos en el Informe Anual de Seguridad 2024 de Probogotá Región.
Según el último Informe Mundial de Drogas de Naciones Unidas, Colombia produce 2.600 toneladas de cocaína potencial, la mayor de la historia. Esta producción no solo está destinada al mercado internacional –cada vez más competitivo-, sino a un mercado interno que en las grandes ciudades del país sirve como capital para la comisión de todo tipo de delitos.
Las economías criminales fortalecidas con los ingresos de la droga son la base de una criminalidad cada vez más robusta, que genera violencia tanto a zonas rurales como urbanas. Hoy, los delincuentes no solo se disputan territorios: controlan economías, influyen en la política y vulneran derechos de comunidades enteras.
Regiones enteras en el Catatumbo, Cauca, Chocó y el Magdalena Medio son algunos ejemplos de la violencia rural. Así como Bogotá, Cali, Pereira y Barranquilla de grandes ciudades y, Soacha, Sabanalarga y Tuluá de intermedias.
Frente a este escenario, el gobierno nacional no tiene una estrategia clara. Aunque el Ministerio de Defensa reportó mayor incautación de cocaína – de 659 toneladas en 2022 a 862 en 2024 -, la producción alcanzó las 2.600 toneladas en 2023 y todo indica que la cifra de 2024 será mayor. No es un logro, es una consecuencia: se incauta más porque se produce más. No hay solución estructural, apenas un control temporal, reflejo de una política antidrogas errática, incoherente y sin resultados reales.
La producción de cocaína no es el único indicador que revela la magnitud de las economías ilícitas en el país. Paralelamente, creció la producción de marihuana, la explotación ilegal de recursos naturales, el contrabando, y el tráfico de personas, armas y bienes. Todo esto muestra con claridad cómo el ecosistema del crimen organizado se expande mientras el gobierno nacional no sabe cómo responder.
En Bogotá, como en muchas ciudades del país, el crimen avanza en medio del crecimiento urbano desordenado, la concentración de población vulnerable —migrantes y desplazados— y el deterioro de los servicios sociales. Con más armas, explosivos y recursos, las estructuras criminales aprovechan para lavar dinero, infiltrar economías legales y disputar el control de zonas estratégicas.
Con capacidades limitadas, la Policía Metropolitana de Bogotá enfrenta este desafío con apoyo de la Brigada XIII del Ejército, la Fiscalía y la Alcaldía, que en 2024 lograron una mejor articulación. Pero ese esfuerzo es insuficiente mientras el gobierno nacional permanezca ausente de su responsabilidad de ejercer autoridad legítima y desarticular las dinámicas que alimentan al crimen.
El Informe Anual de Seguridad 2024 muestra que, sin una estrategia nacional, las respuestas locales no son suficientes. La omisión del gobierno central fortaleció las economías ilegales, debilitó el control territorial y dejó a las ciudades expuestas a una inseguridad difícil de contener. La violencia urbana creciente es el reflejo de un Estado en retirada frente a la ley, de una paz convertida en discurso, y de un crimen organizado que se expande frente a la resistencia de las autoridades locales.
Bogotá no enfrenta una crisis aislada. El deterioro de la seguridad urbana es consecuencia directa de un problema nacional. Y como tal, exige una respuesta nacional: con dirección, decisión y presencia real del Estado.
