En el mapa de la Sabana Centro hay un nuevo trazo que divide las percepciones sobre la organización del territorio. No aparece en las carreteras ni en los planos catastrales, sino en las resoluciones del Ministerio de Agricultura. Son las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura propuesta por el Gobierno nacional que promete blindar suelo fértil y dedicarlo a seguridad alimentaria.

No obstante, según sus críticos, esto podría transformar el ordenamiento territorial y afectar la autonomía de los municipios incluidos en la delimitación. El concepto, el debate y las posturas ya se vieron con los lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá que propuso el Ministerio de Ambiente meses atrás, los cuales están envueltos en una profunda concertación.

Retomando las APPA, la primera ya fue declarada en Sopó, con 1.951 hectáreas protegidas. En el resto de la Sabana Centro el proceso sigue en marcha, aunque está en manos de la Corte Constitucional, cuyos magistrados están revisando la validez jurídica de la iniciativa. Si prospera, más de 50.000 hectáreas (área equivalente a tres veces el tamaño de Bucaramanga) de municipios como Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá quedarían bajo esa figura.

El Gobierno argumenta que es una estrategia para frenar la urbanización desbordada y asegurar que Bogotá y su entorno no se queden sin alimentos, lo cual resulta plausible para los expertos en la materia. Pero los detractores acusan que el debate tiene falencias de concertación y contradicciones jurídicas con la descentralización que contempla el orden constitucional del país.

El lío de la concertación

“En teoría, suena bien proteger el suelo agrícola. Pero la norma no define con claridad cómo se adoptan las APPA ni qué criterios técnicos deben cumplirse”, explica María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá, entidad que elaboró, junto al Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Fundación para el Estado de Derecho, un análisis del impacto y los riesgos de las APPA.