ProBogotá, bajo el liderazgo de María Carolina Castillo, plantea que la capital requiere operaciones estratégicas de gran escala que impulsen su transformación urbana.
Especialistas en movilidad urbana visitaron la ciudad para analizar el piloto de pagos abiertos y discutir la integración del futuro metro con el transporte público existente.
Bibiana Rodríguez, Directora de Desarrollo Urbano Sostenible de ProBogotá, le contó a Jhon de VIDJCB, las principales conclusiones del Summit MovE-Pay 2025.
Expertos nacionales e internacionales hacen parte de una nutrida agenda académica que abordará la interoperabilidad del sistema desde diversas ópticas y sectores.
La localidad obtuvo un puntaje de 6,0 en el Índice Integral de Seguridad, liderando el ranking por segunda vez desde 2020 y manteniéndose en el top 3 durante cinco años consecutivos.
Un reciente informe elaborado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), ProBogotá Región y la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), advierte que las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), junto con otras figuras de planificación creadas por el Gobierno nacional, representan un serio riesgo para la autonomía territorial, la seguridad jurídica y el desarrollo económico de las regiones.
El estudio, titulado ‘Reformas sobre el ordenamiento territorial y usos del suelo: impactos en la autonomía territorial y el Estado de derecho’, documenta cómo la creación de nuevas zonas bajo control del nivel central estaría generando un proceso de recentralización que vacía competencias constitucionales de los municipios y departamentos.
Un país bajo restricciones centralizadas
Según el análisis, el 82,7% del territorio nacional se encuentra actualmente cubierto por algún tipo de figura de restricción o delimitación definida desde el nivel central, entre las que se incluyen reservas ambientales, páramos, áreas estratégicas mineras, zonas de reserva campesina, Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) y las nuevas Appa.
De ese total, cerca del 60% de las áreas con restricciones corresponde a figuras no consultadas con los gobiernos locales ni con las comunidades, lo que ha generado un vaciamiento funcional de los concejos municipales, alcaldías y gobernaciones, que pierden capacidad de decisión sobre su propio territorio.