Noviembre de 2025. Desde la Red PRO manifestamos nuestra profunda preocupación por el deterioro sostenido de las condiciones de seguridad evidenciado en diversas regiones del país. Este contexto de creciente vulnerabilidad, que afecta la tranquilidad de las comunidades y limita el desarrollo de actividades productivas, sociales y territoriales, exige acciones urgentes, decididas y coordinadas para restablecer la confianza y la protección ciudadana.
La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas electorales en 649 municipios de los 1.103 que tiene el país, lo que significa que más del 54 % de Colombia está bajo algún nivel de riesgo por presencia de grupos armados, reclutamiento forzado y otras formas de violencia, que dificultara la integridad de los procesos democráticos A este panorama se suma el más reciente conteo de la Fuerza Pública, el número de integrantes de grupos armados en Colombia ha crecido de forma preocupante, superando las 25.000 personas, un aumento cercano al 15 % frente al año anterior.
Este crecimiento muestra que dichas organizaciones siguen fortaleciéndose, tanto en capacidad armada como en redes de apoyo logístico y financiero, y siguen disputando al Estado el control de la vida cotidiana en los territorios.
Esta situación es crítica en algunas regiones. En el Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC mantienen a la población civil en grave riesgo; y en el Bajo Cauca, la disputa entre grupos armados ha agudizado la violencia y las restricciones a la movilidad. En Arauca, el atentado contra el gobernador Renson Martínez, junto con el ataque reciente contra el alcalde de Calamar, refleja el nivel de amenaza que enfrentan las autoridades locales. En el suroccidente (Cauca, Nariño y Valle del Cauca), la confluencia de múltiples actores armados ha generado una situación crítica de violencia, confinamiento y desplazamiento. A esto se suman los recientes hechos en ciudades como Cali, Medellín y Tunja, donde actos de violencia dan cuenta de una preocupante escalada de criminalidad en zonas urbanas.
Pese a la magnitud de estos hechos que se extienden a lo largo y ancho del país, la respuesta estatal continúa siendo en gran medida reactiva y no se percibe aún una estrategia integral y sostenida de contención y prevención. Estos hechos también evidencian que las capacidades locales han sido rebasadas, lo que hace urgente una acción conjunta.
Resulta imperativo evitar que esta realidad se normalice y que la ciudadanía se vea abocada a resignarse a vivir en estos niveles de violencia. Por esto, desde las 12 regiones que representa la Red PRO hacemos un firme llamado a fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales para avanzar hacia una estrategia integral de seguridad y convivencia que articule componentes de control territorial, prevención social y fortalecimiento institucional. Solo a partir de una acción conjunta, sostenida y basada en información territorial precisa será posible revertir las tendencias de deterioro y recuperar la confianza ciudadana en las capacidades del Estado que garanticen el respeto por la vida, la integridad y los derechos de la ciudadanía en todas las regiones de Colombia.
