Más de 20 parlamentarios, con apoyo de ProBogotá y el Instituto de Ciencia Política, radicarán un proyecto de ley que busca eliminar el artículo que introdujo las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa). Los impulsores aseguran que la norma afecta la autonomía territorial y la planificación de la región metropolitana de Bogotá.

Este martes a las 9 a.m., en el Salón Luis Guillermo Vélez del Edificio Nuevo del Congreso de la República, se realizará la radicación del proyecto de ley que busca derogar el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.

La iniciativa, respaldada por más de 20 congresistas de distintos partidos —entre ellos Cambio Radical, Liberal, de la U, Conservador y Centro Democrático— cuenta con el acompañamiento de ProBogotá Región y del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, dos centros de pensamiento que han advertido sobre los riesgos que la medida representa para el ordenamiento territorial y la productividad regional.

Durante el evento se desarrollarán dos paneles en los que se debatirán los impactos de las denominadas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) sobre la planificación del suelo, la autonomía de los municipios y la competitividad de las regiones, con especial énfasis en la Sabana de Bogotá, donde el crecimiento urbano y la preservación de suelos agrícolas son temas de alta tensión.

La polémica del artículo 32

El artículo 32 del PND creó las Appa como una nueva figura de ordenamiento territorial obligatoria para los municipios, con el objetivo de proteger suelos de vocación agrícola dentro de la frontera agropecuaria nacional.

Aunque el propósito de la norma era reforzar la seguridad alimentaria y preservar tierras productivas, sectores académicos y empresariales han advertido que su aplicación podría generar restricciones a la planeación local y al desarrollo regional, sobre todo en zonas donde confluyen dinámicas urbanas, rurales e industriales, como en Cundinamarca y Bogotá.

“En la práctica, el artículo 32 impone un esquema de planificación rígido que no reconoce la realidad metropolitana ni las decisiones concertadas entre Bogotá y los municipios vecinos”, han señalado voceros de ProBogotá, que desde 2023 han seguido el tema.