“No me hago rico con mi finca: siembro para mantener a mi familia”. Estas fueron las palabras de Wilson Garcés, campesino del corregimiento de Palocabildo en Jericó (Antioquia), que siembra café desde hace cincuenta años y hoy tiene miedo de que el Gobierno Nacional lo obligue a sembrar arroz. La incertidumbre de Wilson es la de miles de campesinos y emprendedores rurales a los que el Gobierno Nacional ha puesto en jaque mediante una taimada estrategia de centralización del uso del suelo que viola autonomía municipal, estatiza la economía y contraría la Constitución.
Imagínese que, de un día para otro, el Estado limite su libertad ordenándole qué debe o no puede sembrar, o que el terreno que usted adquirió, producto de su trabajo, con el sueño de realizar un proyecto de turismo sostenible o de construir una casa familiar, ahora solo se pueda destinar a un tipo de cultivo, y si no lo hace, quede sujeto a la extinción del dominio de su predio. Esos son los efectos del artículo 32 de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que crea las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos en Colombia (APPA) y modifica la jerarquía de la planificación territorial, sometiendo a los municipios a lo que disponga el Ministerio de Agricultura, al ubicar en el nivel 2 la “protección de la producción de alimentos” como eje obligatorio para la planeación local, por encima de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), a los cuales no asigna ningún nivel, degrada y somete a decisiones nacionales.
Las APPA se crean invocando la pretensión de garantizar suelo para seguridad alimentaria como finalidad plausible, pero el medio no lo es ni en lo jurídico ni en lo práctico. Si vamos a las cifras, según la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, en el país se pierden 9,7 millones de toneladas de comida al año, una cantidad que alcanzaría para alimentar a la población de La Guajira durante 15 años. Los expertos en políticas públicas de alimentación son claros al indicar que el problema del hambre en Colombia no es de producción sino de acceso.
Superar el hambre en Colombia es un objetivo compartido. Para lograrlo se requiere fortalecer la productividad y la autonomía, no restringirla; fomentar la coordinación entre Nación y entidades territoriales, no sustituir a los alcaldes y a los concejos. Colombia necesita un modelo de desarrollo integral, equilibrado y concertado, que reconozca la diversidad regional y no homogenice bajo una sola fórmula.
Al fraccionar el suelo y limitar su uso a la producción de determinados alimentos, por encima de otras dimensiones como el acceso al agua potable, a la energía eléctrica o a la infraestructura vial, el resultado es limitar la diversificación productiva, la reducción de oportunidades y bienes públicos rurales.
En la práctica, el efecto es doblemente regresivo: se castiga la productividad del campo y se trasladan los costos a las ciudades, que deben absorber población, demanda de servicios y presiones sobre el suelo urbano. Así, las políticas que supuestamente buscan garantizar producción de alimentos terminan deteriorando la calidad de vida de quienes más los necesitan.
La Constitución del 91 estableció que Colombia es una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Por expreso mandato constitucional, las decisiones sobre el uso del suelo se adoptan en el nivel de gobierno más próximo, desde la pluralidad municipal reflejada en los concejos municipales, con las comunidades y sus autoridades elegidas por voto popular. La soberanía popular, la autonomía territorial y el estado social de derecho son principios constitucionales. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en sus derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Hoy, entre proselitistas susurros de constituyente, vemos cómo las APPA son una muestra más de los medios con los que el gobierno se salta la Constitución para imponer su voluntad, en este caso, una reforma agraria por la puerta de atrás. Este proceso configura una centralización con cuentagotas, en la que decisiones clave sobre el desarrollo económico, la inversión y el ordenamiento territorial municipales se usurpan por el Gobierno Nacional, y en el que el Estado restringe libertades. En otras palabras, Wilson pierde voz sobre su vida y su futuro.
* Presidente de ProBogotá Región.
