28 congresistas de distintos partidos radicaron un proyecto de ley que busca derogar el artículo 32 del PND, disposición considerada inconstitucional por los riesgos que representa para la autonomía territorial y la seguridad jurídica.
Bogotá D.C., 21 de octubre de 2025. El proyecto busca derogar el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026), que centraliza decisiones sobre el uso del suelo agrícola, debilita la autonomía territorial y genera incertidumbre para la inversión y la seguridad jurídica, al invadir competencias de los concejos municipales y distritales y haber sido aprobado mediante una ley ordinaria que modifica materias reservadas a ley orgánica, en contravía del artículo 151 de la Constitución.
La iniciativa legislativa se sustenta en estudios técnicos y jurídicos de ProBogotá Región, el ICP y la Fundación para el Estado de Derecho, quienes señalan que la norma viola la autonomía municipal (Art. 311 y 313 C.P.) al permitir que el Gobierno central determine los usos del suelo. Además, introduce conceptos indeterminados (como las APPA y las “áreas de especial interés”), sin definir su alcance ni criterios técnicos, lo que profundiza la inseguridad jurídica para autoridades e inversionistas.
“Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos se están declarando por resoluciones, sin la ley orgánica que exige la Constitución para modificar competencias territoriales. El Gobierno nacional está decidiendo qué suelos proteger y lo hace sin pasar por los concejos municipales, esto rompe la autonomía local y subordina los POT a criterios nacionales que no siempre reflejan la realidad local”, María Carolina Castillo, presidente de Probogotá Región.
De acuerdo con Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, “El artículo 32 impone limitaciones arbitrarias al uso del suelo, desconociendo los derechos de propiedad privada y debilitando la seguridad jurídica. Centralizar estas decisiones en el Gobierno nacional refleja un enfoque intervencionista que ignora la realidad productiva y la diversidad territorial del país.”
Al evento de radicación asistieron alcaldes y concejales de distintas regiones, quienes alertaron que las determinaciones nacionales sobre el uso del suelo afectan la gobernabilidad, generan conflictos de competencias y frenan la inversión privada. Coincidieron en que la planeación territorial debe mantenerse como un proceso participativo, técnico y diferenciado, acorde con las realidades locales.
Para el Instituto de Ciencia Política y ProBogotá Región, la derogatoria del artículo 32 es un paso esencial para restablecer el equilibrio entre la unidad del Estado y la autonomía territorial, fortalecer la seguridad jurídica, proteger la propiedad privada y restaurar el principio de legalidad y el respeto por las competencias territoriales, pilares de un desarrollo sostenible y coherente con el Estado de Derecho.
