San Juan de Dios. Salud digna.

Por: María Carolina Castillo En días recientes hemos visto como un sector político anuncia denuncias contra funcionarios de la alcaldía de Bogotá por continuar con el proceso de renovación del complejo hospitalario San Juan de Dios. Es una pelea transnochada. La definición técnica sobre lo que se debe hacer fue resuelta en 2016 con la aprobación del plan especial de manejo y protección -PEMP por el Consejo del Patrimonio Nacional -CPN-, que ordenó la protección de 17 de los 24 edificios que lo integran. Siendo alcalde Gustavo Petro presentó ante el Ministerio de Cultura el PEMP del complejo hospitalario para cumplir la orden dada por el Congreso de la República que lo declaró monumento nacional y reiteró su vocación para la educación, investigación y la prestación de servicios médico-asistenciales a la población no afiliada al sistema de seguridad social. El estudio técnico que soporta la decisión fue realizado por la Universidad Nacional en 2013. Este reconoció el valor histórico del complejo San Juan de Dios, señaló los criterios arquitectónicos y funcionales para la recuperación física y puesta en funcionamiento y no otorgó el mismo valor patrimonial a los veinticuatro edificios que integran el complejo por ello asignó tres categorías que responden al estado de conservación y a la funcionalidad. Ocho edificios fueron categorizados en el nivel uno de conservación integral, nueve en el nivel dos de conservación arquitectónica y, por último, siete en nivel tres de conservación contextual -el cual permite acciones como la demolición-. En este último nivel fue ubicado el edificio central, sobre el cual versa la polémica. Señaló que el edificio central es una obra de la corriente “arquitectura moderna colombiana”, desarrollada entre los años 1.928 y 1.959, y su atributo determinante consiste en la relación entre el diseño y su funcionalidad, en este caso para el servicio de salud. Gabriel Serrano Camargo máximo exponente de esta corriente en Colombia, terminó el edificio central en 1952, por ese motivo la Universidad Nacional, en un primer momento, se consideró que el edificio central podría ser declarado de conservación arquitectónica. Después de un trabajo conjunto el Consejo Nacional de Patrimonio y la Universidad Nacional encontraron que la funcionalidad es la característica determinante de la “arquitectura moderna” y que el programa médico arquitectónico que dió soporte a la estructura, hoy no es viable por las normas actuales en materia de habilitación de calidad y de altura mínima requerida entre las placas de los pisos. Una vez adoptado el PEMP en 2016 la alcaldía de Bogotá contrató a la Universidad de los Andes para que formulara las alternativas de intervención del bloque central. Entidad académica que también señaló que el sistema estructural del edificio no está permitido para el sector salud porque no cuenta con la capacidad portante para resistir las fuerzas gravitacionales y sísmicas previstas en la norma NSR10. Además, las obras implicarían realizar diversas adecuaciones al cabo de las cuales la estructura no sería apta para el funcionamiento de salas de cirugía o UCI puesto que la altura mínima requirida es de 3,63 metros libres, ya que en el cielo raso se instalan redes, sistemas mecánicos para aire acondicionado o redes eléctricas especiales. Si se optara por renovar el edificio central, el resultado serían salas de cirugía con techos de apenas 1,97 metros del altura. El proceso concluyó que el reforzamiento estructural es posible a un alto costo y sacrificando su uso para hospital de alta complejidad, destinación que violaría el mandato previsto en la ley y limitaría las capacidades de atención médica especializada para los usuarios del régimen subsidiado, es decir, los bogotanos más vulnerables. En este caso la prioridad debe ser contar con instalaciones aptas para prestar servicios de salud de alta complejidad. En 20 años la ciudad no ha construído un hospital público de primer nivel para los pacientes en Bogotá, el nuevo que ocupará el lugar de la torre central brindará atención digna y del primer nivel a la población más vulnerable y jalonará la actividad científica y médica en el complejo San Juan de Dios. El interés por el bien de los ciudadanos se mide por la infraestructura y los servicios y no por el edificio.