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La Gestión del Paro en Bogotá

La Gestión del Paro en Bogotá

Por: César Andrés Restrepo Florez Director de Seguridad Urbana ProBogotá Región En un contexto de legítima inconformidad ciudadana, el secuestro de la protesta social por cuadrillas de vándalos a lo largo del mes de mayo demanda una revisión profunda sobre la gestión de los desafíos del paro en la ciudad y un ejercicio sincero de autocritica. Muchos elementos caben en esa revisión. La disponibilidad limitada de pie de fuerza que impacta en la calidad del servicio. La ineficacia de la tecnología como herramienta de prevención, anticipación, vigilancia y judicialización. El débil conocimiento de las realidades territoriales que aumenta la fricción en la atención de situaciones extremas y retrasa la recuperación del orden. Si bien la Secretaria de Seguridad -SSCJ- viene trabajando en estos frentes que son clave para disminuir el riesgo de uso criminal del derecho a la protesta, la resolución de sus debilidades no es asunto de corto plazo. Esto refrenda la urgencia de apoyar a los lideres de la gestión de la seguridad en el Distrito y de crear una relación armónica con el nivel nacional para lograr concretar una solución oportuna. Hay otros frentes que no son responsabilidad primaria de la SSCJ que deben ser revisados con el fin de identificar las causas de que la protesta evolucione en desorden, destrucción y violencia. En particular la herramienta de Puestos de Mando Unificado -PMU- , la gestión local y el dialogo social. El PMU sigue siendo una Torre de Babel. Esta instancia que tiene debilidades en análisis, estructuración y coordinación de acciones simultaneas diferenciadas. La falta de claridad o cohesión respecto a conceptos, procesos, funciones y estrategia ofrece como resultado una atención caótica de los problemas. Los PMU sufren fatiga estructural. Si no se redefinen con estándares técnicos, de experticia y autoridad, ni se aplican procesos de evaluación y revista de la acción, seguirán causando agotamiento institucional y abriendo espacios al desborde de la violencia y la destrucción. En lo que concierne a la gestión local, la incapacidad de acción de las alcaldías locales y de las juntas administradoras locales -JAL- para tramitar la atención urgente de necesidades ciudadanas, demuestra que el nivel de mitigación del riesgo de estallido social no es proporcional al número de instancias de gobierno y de representación existentes. Es deber hacer referencia a esta realidad dado que el dialogo social es una herramienta básica de prevención en términos de seguridad. Desde enero de 2020 es evidente cómo la Secretaria de Gobierno se ha concentrado tanto en la gestión de marchas, como en la vigilancia de la función policial de protección y control. Esta confusión de roles no le permitió anticipar el estallido social en las localidades ni identificar las redes violentas que se lo apropiarían -incluso llevando un año entre las comunidades liderando la respuesta al COVID-19-. Lo anterior dejó a los lideres de la seguridad sin información clave para una mejor gestión de la crisis. Efectos de ocuparse de lo ajeno y descuidar lo propio. El dialogo social es una herramienta de prevención y no de respuesta a un conflicto. Se enfoca en anticiparlo, contenerlo y resolverlo antes de que se convierta en una tragedia colectiva. La Alcaldesa recientemente se excusó públicamente por no haber comprendido las angustias y reclamos de la ciudadanía. Un acto gallardo que reconoce tácitamente la falla de su sistema de prevención. Así como son evidentes algunos problemas hay que resaltar asuntos positivos en otros frentes. Si bien en algunos puntos de acceso se presentaron bloqueos para desabastecer la ciudad, la Alcaldesa y sus funcionarios aseguraron el flujo de alimentos disminuyendo el impacto del paro sobre sus habitantes. También se aprecia mejor articulación entre autoridades civiles y policiales tras superar los impases iniciales en el PMU. Es de resaltar la autorización de uso de los patios de Transmilenio en las Américas y otros lugares de la ciudad para el sostenimiento de la línea de apoyo logístico a la Policía. Una decisión seria que protegió a ciudadanos inermes y uniformados confinados por la acción violenta de los vándalos. Finalmente, la decisión del Secretario de Gobierno de ubicarse detrás de la línea de respuesta del ESMAD debe haberle permitido verificar la realidad de los vándalos y reconocer a la Policía como parte de la solución y no de los problemas. De ser así, se abre una oportunidad para la administración de crear protocolos de planeación y coordinación de la protesta que ofrezcan entornos seguros para su ejercicio y cierren espacios a la violencia. Un aporte clave para el país en estos momentos.