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Homicidio, verdades a medias y capacidad del Estado

'Consolidación de la seguridad no depende de voluntad de los actores ilegales': exministro Pinzón. Foto:Archivo ET Por: Juan Carlos Pinzón Bueno* y César Andrés Restrepo Flórez 29 de diciembre 2019 , Si bien numerosos analistas esperaban que las condiciones de seguridad en el país mejorarían por la firma de los acuerdos con las Farc, la realidad muestra que la consolidación de la seguridad no depende de la voluntad de los actores ilegales.

Prueba de ello es el aumento de los cultivos ilícitos, la entrega parcial de las armas y la conservación de retaguardias estratégicas y milicias de las Farc, transformadas en disidencias, el Eln y nuevos grupos criminales, así como los picos de violencia ocurridos en el Cauca, el Nudo de Paramillo y otras regiones.

El mejoramiento sostenido del ambiente de seguridad solo es posible mediante el fortalecimiento de capacidades de la Fuerza Pública para atacar y disuadir la criminalidad en campos y ciudades, junto con el desarrollo de políticas integrales de desarrollo social y económico con efecto local que ofrezcan el mejoramiento de condiciones a las personas.

Por cuenta de los recursos provenientes del impuesto al patrimonio, entre 2007 y 2015, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) fortaleció las capacidades de defensa y seguridad para debilitar el crimen y prevenir el deterioro de la seguridad en las ciudades. Esto se tradujo en una intervención directa con el plan Corazón Verde, el aumento de 8 a 17 policías metropolitanas y la incorporación de 25.000 policías adicionales.

Asimismo, en la consolidación de las áreas más golpeadas por el terrorismo y las economías criminales con 12 Fuerzas de Tarea Conjunta y la dotación de capacidades terrestres, aéreas, fluviales y marítimas, enfocadas en el debilitamiento sostenido del crimen organizado y la disuasión creíble. También la inversión en vías hechas por los ingenieros militares y la financiación de proyectos productivos por 200 millones de dólares. Al final del 2015, en el país se registró una reducción del homicidio del 20,8 por ciento comparado con el 2008.

De acuerdo con la Policía Nacional, desde 2010 la participación de los homicidios directamente relacionados con el conflicto –miembros de la Fuerza Pública y de grupos ilegales– sobre el total de homicidios a nivel nacional ha sido del 2,9 por ciento. A partir de 2014, los asesinatos contra miembros de la Fuerza Pública empezaron a caer significativamente, tres años antes de la firma de los acuerdos. Sin duda, la disminución de homicidios de soldados y policías es un asunto para resaltar.

No obstante, cuando esto es el resultado de dejar de perseguir el crimen, los asesinatos aumentan. Ya en posconflicto –en 2018–, los homicidios de miembros de las Fuerzas Armadas crecieron por primera vez en cinco años, y de acuerdo con la información disponible, 2019 estará en niveles similares.

Los otros homicidios –las víctimas del crimen, la fallida resolución de conflictos y la violencia intrafamiliar y de género– ocurren en su mayoría en las 50 ciudades más grandes (57 por ciento entre 2010 y 2019).

En 2018, siete de las jurisdicciones metropolitanas presentaron aumentos y cuatro de estas (Montería, Valle de Aburrá, Popayán y Neiva) son áreas influenciadas por epicentros de economías criminales. Como puede observarse, el homicidio en Colombia es un asunto mayoritariamente urbano.

De otra parte, en los 170 municipios priorizados por el acuerdo con planes de desarrollo con enfoque territorial (13,9 por ciento de la población nacional), desde 2016 se registra 1 de cada 5 homicidios del total nacional. En 2018, estos municipios concentraron el 94,4 por ciento del total de las hectáreas cultivadas con coca y se registró un aumento del 27,3 por ciento de los homicidios respecto al 2017.

Justo en la etapa de posconflicto, el crimen organizado ha ganado terreno en estas áreas teniendo un impacto considerable en la violencia.

Lo anterior se traduce en que la tasa de homicidio por 100.000 habitantes en estos municipios priorizados alcanzó 46,1 en 2018, mientras que el mismo resultado para el total nacional fue de 25,4 y en las 50 ciudades más pobladas, de 22,5. Es decir, la tasa de homicidios en los municipios más afectados por el conflicto armado es casi el doble de la misma cifra para el país.

La evolución del homicidio en comparación con la del crecimiento de las hectáreas cultivadas con hoja de coca en los municipios Pdet deja ver cómo la productividad del cultivo activa el gatillo sobre los colombianos que habitan esas zonas y que enfrentan el rigor del crimen organizado y el rezago del desarrollo local.

Durante el último certamen electoral se señaló que el incumplimiento del Estado frente a los acuerdos había generado un aumento de la violencia. No obstante, se olvida que las buenas condiciones de seguridad de las elecciones de 2015 estuvieron garantizadas por el número de efectivos de las FF. AA. más grande de la historia –466.000–.

La disminución en aproximadamente 30.000 efectivos de las FF. AA. es un factor determinante en el resurgimiento de espacios no gobernados, el aumento exponencial de los cultivos ilícitos, una minería ilegal desbordada y las limitaciones para atender los retos de seguridad en las ciudades. Todos estos, responsables directos de la violencia contra los ciudadanos.

Entre enero y octubre de 2019, el 91,5 por ciento de las víctimas de homicidio registradas por la Policía Nacional fueron de sexo masculino. En lo corrido del año, el arma con que más se cometieron estos crímenes fue el arma de fuego, con un 73,4 por ciento de los casos, seguida de las armas blancas o cortopunzantes (21 por ciento de los casos) y armas contundentes (4,7 por ciento de los casos). Así mismo, el 66,5 por ciento de los registros de homicidio ocurrieron en zonas urbanas y el restante 33,5 por ciento, en zonas rurales.

Comparado con el mismo periodo del año anterior, se puede evidenciar que el registro de homicidios disminuyó 1,8 por ciento con respecto a 2018, pero los resultados de noviembre y diciembre pueden revertir esta tendencia, dado que estos meses tuvieron una participación de 17,5 por ciento en el registro total en de ese año.

La disminución de los homicidios a partir de 2007 fue el resultado de una acción oportuna de aumento de pie de fuerza y fortalecimiento de capacidades. La actual coyuntura demanda alcanzar la meta de 200.000 policías que se había fijado hace unos años para 2020 y recuperar parte de los 20.000 soldados perdidos para controlar el territorio y desmantelar parte del crimen. Asimismo, atacar las finanzas ilegales y robustecer el sistema de investigación y juzgamiento de homicidios, para superar el penoso 29 por ciento de esclarecimiento de casos reportados por la Fiscalía General de la Nación en 2018.

Un aumento del 4,1 por ciento de homicidios entre 2016 y 2018, la muerte de más de 300 líderes sociales en los últimos dos años, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Medicina Legal, sumado a la comprobación fáctica de la disposición al crimen de los ilegales en un contexto de economías criminales dinámicas, dejó de ser una alerta temprana para convertirse en una luz roja frente a la toma de acciones concretas que permitan recuperar el sendero que durante más de una década le permitió a la nación avanzar en seguridad y debilitar a los violentos.

La incidencia del crimen y la delincuencia en estas muertes es creciente, tanto por el alto impacto violento que tienen el narcotráfico y el menudeo de drogas en las ciudades como por el efecto de fortalecimiento que estos ejercen sobre pequeñas bandas que prestan servicios a la comercialización, y que se abren paso en fenómenos como el hurto y la extorsión.

El impacto de las pequeñas guerras del narcotráfico en las ciudades en el homicidio es tal que se alcanzan a escuchar absurdas discusiones sobre la naturaleza de la medición del homicidio, en las que se considera que aquellos que son resultado de las luchas entre traficantes y distribuidores no deberían hacer parte del registro total, con el fin de evidenciar supuestamente el verdadero impacto del fenómeno sobre la ciudadanía.

Desnaturalizar el homicidio descartando la definición del artículo 103 del Código Penal, “el que matare a otro”, no solo sería caer en una trampa política, sino vendarse los ojos frente a los asuntos que dan lugar a un fenómeno que tiene un impacto económico enorme en la sociedad dados los costos representados en la víctima, el victimario, el sistema de justicia y la confianza de la sociedad, entre los mas relevantes.

Con los acuerdos se inició la reintegración de una parte de las estructuras armadas y de apoyo de las Farc, pero no se desmantelaron las economías criminales, ni las organizaciones que las administran. Asegurar que el homicidio ha caído por cuenta de la firma de los acuerdos no solo es un desconocimiento profundo del impacto del crimen en la muerte violenta de colombianos, sino también, una verdad a medias que busca justificar una posición política. JUAN CARLOS PINZÓN BUENO
CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLÓREZ
Especial para EL TIEMPO
*Economista. Presidente de ProBogotá Región. Estas opiniones son personales y no comprometen a la institución, ni a las entidades que la conforman. #ELTIEMPO Columna: Homicidio, ver dades a medias y capacidad del Estado Por: Juan Carlos Pinzón

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