El ataque y violación a una menor de edad que caminaba a su colegio evidencia la urgencia y necesidad del mandato que los bogotanos le han entregado al Alcalde Galán para volver a caminar seguros.
Por: César Andrés Restrepo Florez
El desorden y la falta de gerencia urbana dejaron en la mañana del primero de noviembre una nueva víctima, en un caso que evidencia los factores que condujeron al fracaso de la administración saliente en seguridad, dejando planteados algunos de los principales retos del nuevo alcalde para devolver la confianza a los bogotanos y protegerlos.
En el borde occidental de la ciudad, localidad de Kennedy, una menor de edad que se desplazaba a las 6:00 am hacia su colegio fue herida y violada por un individuo que aprovechó un espacio público inseguro, desprotegido y un entorno desatendido para atacarla.
La ciudadanía movilizada para la denuncia y protesta por este hecho de violencia ha dejado saber que el lugar del ataque se caracteriza por ser un entorno desordenado por cuenta de las obras incompletas en una nueva arteria vial, la falta de iluminación y la existencia de lotes sin mantenimiento, habitados de manera irregular.
Adicional a la mala configuración del espacio público por el que se movilizaba la menor de edad, los habitantes de la zona también han alzado la voz para denunciar la debilidad de la presencia policial, así como de instrumentos para la vigilancia del espacio y la protección de las personas.
En ese sentido, los ciudadanos han denunciado que las escuelas contiguas no muestran un despliegue de seguridad de entorno, ni hay cámaras de vigilancia, mucho menos un centro de atención inmediata policial que haga presencia en el área y desarrolle patrullas disuasivas frente a los delincuentes.
Algo que los habitantes de la zona consideran garantías mínimas de seguridad, pero que en su conjunto representan desafíos no atendidos de gerencia del espacio público, planeación territorial y gobierno local que disparan el riesgo personal de los ciudadanos y las oportunidades para los antisociales.
Por lo cual llama la atención que la autoridad local de Kennedy se sumara a las protestas en vez de estar explicando por qué no se anticiparon los riesgos del entorno en el que fue atacada la menor. El éxito en seguridad se mide en capacidad de anticipación y prevención, no de lamentación.
Señalo que este caso demuestra los fracasos de la administración que termina porque la descripción de los hechos y el contexto en el que estos sucedieron son una demostración de problemas que se hacen evidentes a lo largo y ancho de la ciudad.
Espacio público desatendido, obras que generan entornos caóticos, movilidad sin gerencia, baldíos sin dios ni ley, basuras y desechos que se convierten en obstáculos y mobiliario urbano deteriorado son una postal urbana.
De otra parte, está la debilidad del pie de fuerza, el desequilibrio territorial en el despliegue y uso de capacidades de seguridad pública, la falta de integración entre gobierno, privados y ciudadanos para cerrar espacios al crimen, así como una evaluación ácida de la pertinencia del esquema de cuadrantes y CAI como respuesta a los desafíos de seguridad de la ciudad.
Lo anterior es resultado de factores críticos convergentes que debilitaron al gobierno distrital y nunca fueron solucionados. Empezando por los desafíos de la pandemia, pero ampliándose a la permisividad en la aplicación de las normas de convivencia urbana y la incomprensión de que orden urbano es sinónimo de espacios seguros.
De ahí que también sea un problema de gerencia, dado que surgidos y posicionados dichos factores, la administración demostró poca imaginación para resolverlos o definir alternativas para la gestión del riesgo con base en la comprensión de dinámicas locales – barriales.
Volver a caminar seguro en Bogotá exige aceptar que la seguridad es el resultado de una urbe ordenada con un espacio público de calidad y reconocer que esta ciudad es una suma de espacios y territorios diversos que requieren de estrategias diferenciales para asegurar el territorio y proteger la población.
Atender el mandato de protección de los bogotanos empieza por debilitar las ventajas que espacio y contexto ofrecen a los delincuentes para atacar a los ciudadanos con un plan de acción local interagencial y gobiernos locales conscientes de su rol en la construcción de territorios seguros.
También requiere optimizar capacidades y despliegue de seguridad pública a partir de la articulación de los escasos recursos disponibles,
apuntando a mejorar la protección de los ciudadanos. Para esto es clave fortalecer la confianza con la policía metropolitana y repensar el rol de los gestores de convivencia.
Asimismo, impulsar una alianza entre gobierno, privados y ciudadanos para definir respuestas precisas para problemas locales, apoyar iniciativas para ampliar el despliegue territorial e integrar capacidades humanas y tecnológicas para anticipar y prevenir riesgos de seguridad.
Solo así se podrá obtener la confianza ciudadana y el tiempo necesarios para buscar soluciones que dependen del gobierno nacional u otras ramas del poder público, en asuntos como el déficit policial, la efectividad judicial o las carencias penitenciarias.
A partir del 1 de enero la ciudad tiene 180 días para construir una alianza que busque devolverles a los bogotanos la posibilidad de caminar seguros. Lograrlo requiere de una acción que empieza en esfuerzos diferenciales de carácter local.