Por: Nassir Samur - Analista de Comunicaciones de ProBogotá Región
Ampliamente documentado y demostrado está el hecho de que el Covid-19 afecta con mayor gravedad a adultos mayores y al personal de la salud que se encuentra en la primera línea de defensa. No en vano en todos los planes de vacunación -conocidos- del mundo estos dos grupos poblacionales son priorizados para la inmunización, dado que la tendencia es que se encuentren expuestos a cargar virales mayores que hacen más críticos los casos. Esta realidad no es ninguna confidencia, por el contrario, la encontramos a diario en los medios de comunicación, redes sociales y conversaciones casuales. Sin embargo, pareciera que nuestra sociedad no lo hubiese asimilado aún, o peor, haya decidido ignorarlo y empezado a vivir bajo la filosofía “sálvese quién pueda”.
Resulta insólito ver, en una época tan difícil cómo esta, noticias que cuentan cómo personas que no hacen parte de la población priorizada reciben la vacuna. Recientemente, la Superintendencia de Salud detectó que, en la ciudad de Bogotá, particularmente en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte que opera en las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, 395 personas fueron vacunadas sin cumplir con las condiciones requeridas en la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación, ser mayor de 80 años o ser personal de salud.
En buena hora, la Superintendencia de Salud atendió diligentemente la situación cuando se activó la primera alarma con el caso de una joven que recibió la vacuna sin ser parte de ningún segmento poblacional priorizado e hizo los hallazgos rápidamente. Lo realmente preocupante es que todo indica que esto es una conducta sistemática que venía pasando bajo el radar de la ciudadanía, autoridades y medios. Estos dos últimos tienden a tener reacciones un poco más diligentes cuando este tipo de cosas ocurren, sin embargo ¿qué hace la ciudadanía? No es claro.
El llamado es a la ciudadanía, a no mirar complacientemente o replicar estas conductas reprobables que tienen costos morales grandísimos para la sociedad, cuya más cruel manifestación es la pérdida de vidas. Los ciudadanos debemos tomar parte activa en garantizar la transparencia de este proceso anteponiendo el bien común al interés particular, para que entre todos podamos proteger efectivamente a quiénes más lo necesitan cuando se trata de este virus, que tarde o temprano, en su debido momento, nuestro turno llegará.